PALMA DE MALLORCA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha presentado alegaciones contra el anteproyecto relativo a la comercialización de estancias turísticas en viviendas, en las que critica la imprecisión de las infracciones así como la "inmunidad" del propietario en el régimen sancionador, puesto que "no se regula de manera concreta" cuál va a ser la multa que corresponderá para cada actuación ilegal.
En este sentido, las alegaciones, que han sido presentadas de manera conjunta con la Asociación de Hoteleros de Menorca (Ashome) y la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehib), aseveran que "debería quedar claro" que el propietario de la vivienda es responsable en todo caso de la publicidad, contratación y comercialización de su propiedad, y que la sanción se impondrá tanto a éste como a quien lleve a cabo la actividad concreta de publicidad, contratación o comercialización.
Los hoteleros apuntan asimismo al incumplimiento de los principios de buena regulación y buen gobierno y del deber de publicación de información relevante, dado que no se ha tenido acceso a la memoria ni de impacto normativo ni económico en la que se justifique la oportunidad de la regulación y la adecuación de las medidas propuestas a los fines perseguidos, como tampoco el estudio de las cargas administrativas que ello puede suponer.
Al respecto, la presidenta ejecutiva de la FEHM, Inmaculada de Benito, considera que en este mismo ámbito "lo que se pretende es cargar las consecuencias de un funcionamiento inadecuado de la Administración a los particulares, lo cual no nos parece correcto".
En esta línea, afirma que la regulación propuesta agrava la situación que la normativa pretende resolver porque, a su juicio, "lo que se hace es desregular lo que estaba regulado con la intención de instalar el todo vale".
En sus alegaciones, los hoteleros recriminan que el anteproyecto no establece categorías, clasificaciones y demás aspectos que garanticen la calidad de la oferta, "ni tampoco garantiza el control de la oferta ilegal, el intrusismo y la competencia desleal" mediante el establecimiento de medidas que garanticen el proceso de control y la inspección.
Tampoco contempla, añaden, una tipificación pormenorizada de las infracciones a las que esta creciente oferta puede dar lugar y al correspondiente establecimiento de las sanciones, "contribuyendo a incrementar el problema y a desmerecer la competitividad de Baleares como destino diferenciado y de calidad".
La FEHM hace asimismo hincapié en la importancia de garantizar que esta tipología de alojamiento turístico "no suponga una disminución de la calidad de vida de los ciudadanos de Baleares", asegurando para ello que la coexistencia de estas comercializaciones de estancias turísticas en zonas residenciales no supondrá conflictividad.
MEDIDAS QUE GARANTICEN EL DERECHO DE ACCESO A LA VIVIENDA
Es más, reclama la adopción de medidas que garanticen el derecho de acceso a la vivienda, evitando que la mayor rentabilidad que supone el alquiler para estancias turísticas no suponga un incremento del precio de las viviendas para compra ni para alquiler.
Otro aspecto sobre el que la FEHM muestra su desacuerdo es el de la eliminación de las excepciones contempladas en el artículo 89 de la Ley de Turismo a la regla general de baja definitiva como requisito al alta de nuevas plazas, al entender que supone, según De Benito, "un claro freno a la inversión en proyectos que representan un aumento de la calidad de la oferta hotelera, y a la desestacionalización turística, que supone siempre calidad y creación de empleo".
Así, de aprobarse la modificación propuesta, ésta "tendría consecuencias negativas sobre la reconversión de la planta hotelera existente, así como sobre la implantación de nuevos establecimientos de superior calidad y mayor potencial desestacionalizador y, en general, sobre la oferta de alojamientos turísticos en el sector estratégico por excelencia de nuestra comunidad autónoma".
Finalmente, la FEHM insiste en la falta de compromiso con la inspección y, por lo tanto, según expresa su presidenta ejecutiva, "el consiguiente incumplimiento tolerado y consentido". "Si no hemos sido capaces de controlar la situación con la regulación existente, tampoco seremos capaces de cumplir la normativa nueva", concluye.
