Las infracciones penales en Santa Eulària (Ibiza) descendieron un 3,1% en 2017, según Salom

Maria Salom, delegada del Gobierno en Baleares, en junta de seguridad de Ibiza
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
Publicado 21/03/2018 14:02:07CET

IBIZA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las infracciones penales registradas el pasado año en el municipio de Santa Eulària (Ibiza) descendieron un 3,1 por ciento, registrándose 2.505 frente a las 2.584 del año anterior.

Así lo ha anunciado la delegada del Gobierno en Baleares, María Salom, quien ha presidido la Junta Local de Seguridad de Santa Eulària junto al alcalde Vicent Marí.

Durante la reunión, la temporada 2017 ha sido calificada como "positiva", tanto por la delegada, como por el alcalde, en base a los datos presentados por la Guardia Civil y la Policía Local.

Según han señalado, el pasado año en Santa Eulària se redujeron prácticamente todos los indicadores y especialmente los robos con violencia o intimidación descendieron un 28,6 por ciento, con 20 de estos delitos registrados en 2017 frente a los 28 de 2016.

Los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, bajaron un 4,6 por ciento, con 228 delitos en 2017 frente a los 239 de 2016, y los delitos contra la libertad e indemnidad sexual cayeron un 53,8 por ciento, 6 por los 13 de un año antes.

También bajaron los delitos relacionados con la sustracción de vehículos, un 12 por ciento, mientras que aumentaron los casos por tráfico de drogas, un 53,3 por ciento, con 23 delitos en 2017 frente a los 15 del año anterior.

Durante la Junta de Seguridad se ha acordado también la puesta en marcha del convenio 'Viogen' mediante el cual la Guardia Civil y la Policía Local de Santa Eulària compartirán información sobre violencia de género, lo que permitirá "mejorar la coordinación policial y la efectividad en la lucha contra esta lacra social", ha señalado Salom.

REUNIONES CON EL SECTOR HOTELERO

De cara a la temporada 2018, la delegada del Gobierno ha mantenido sendas reuniones con el sector hotelero pitiuso con la intención de volver a contar con la colaboración privada para el alojamiento de las agentes de los cuerpos policiales europeos que en los últimos años refuerzan el operativo de seguridad estival.