Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 18/02/2010 22:29
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, impuso hoy sendas fianzas de responsabilidad civil de 250.000 euros para Joan Martorell, ex jefe de prensa del ex presidente del Govern, Jaume Matas, y actual responsable de comunicación del PP balear, así como el periodista Antoni Alemany, tras tomarles declaración en calidad de imputados dentro de una pieza secreta del caso Palma Arena.
Así lo informaron a Europa Press fuentes del caso, que señalaron que estas cauciones les fueron decretadas por posibles responsabilidades económicas a raíz de su presunta implicación en los hechos que investiga esta causa, relacionada con la presunta financiación ilegal del PP durante la pasada legislatura.
De este modo, ambos fueron interrogados por el magistrado y por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach acerca de su presunta vinculación en esta supuesta trama de corrupción, enmarcada en el caso que investiga el posible desvío de fondos públicos en torno a la construcción del velódromo Palma Arena, entre 2005 y 2007.
En concreto, parte de las investigaciones del núcleo principal del caso Palma Arena van dirigidas a averiguar si varios organismos públicos del Ejecutivo autonómico adjudicaron sin concurso público diversos contratos a la agencia de publicidad Nimbus y si ésta emitió facturas falsas con sobrecostes sin justificar, cobrando a cambio a 'precio coste' la organización de la campaña electoral del PP para los comicios autonómicos y municipales de 2007.
Precisamente, Martorell ya depuso como imputado en este caso el pasado 16 de septiembre, una comparecencia en la que manifestó que mientras ostentaba el cargo de director general de Comunicación del Govern en el pasado mandato realizó varios encargos a Nimbus, aunque matizó que sólo contrató con esta empresa "cuando precisaba los servicios de medios de comunicación", ya que Nimbus representaba a varios de ellos, como el Grupo Recoletos.
Asimismo, negó haber participado en el fraccionamiento de contratos valorados en más de 12.000 euros en varios de inferior cuantía para posibilitar la adjudicación directa a la empresa de comunicación, cuyo director, Miquel Romero, también se encuentra imputado dentro del mismo procedimiento.
Preguntado por la actuación de la ex secretaria general técnica de Vicepresidencia y Relaciones Institucionales, Jane King, manifestó que "nunca" recibió ninguna orden de la ex alto cargo "ni una insinuación sobre contratación", así como tampoco del ex director general de Deportes, José Luis 'Pepote' Ballester, "ni sobre contratos mayores ni menores".
Las investigaciones postulan que King, también imputada, habría permitido que Romero se beneficiaria en numerosas ocasiones de las contrataciones y habría recibido presiones para dividir los trabajos en pequeños contratos a cambio de percibir comisiones del publicista.