El proveedor del videomarcador niega que el concurso para instalarlo "estuviese amañado"

Actualizado 21/08/2009 16:23:41 CET

El abogado de Ricardo Arroyo niega que la instalación del dispositivo fuese adjudicada por seis millones "y ni siquiera ni por la mitad"

PALMA DE MALLORCA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El comercial de la empresa Smart Vision, a la que se adjudicó la instalación del videomarcador del Palma Arena, Ricardo Arroyo, negó hoy ante el juez que "estuviese amañado" el concurso que se llevó a cabo la pasada legislatura para otorgar el montaje del dispositivo electrónico, cuya adjudicación supuestamente superó los 6 millones de euros, según las investigaciones que se están realizando dentro del caso de presunta corrupción en torno a la ejecución del velódromo palmesano.

Arroyo finalizó sobre las 12.15 horas su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, y en la comparecencia, que se prolongó durante más de una hora, estuvieron presentes el fiscal Miguel Ángel Subirán, el abogado de la acusación particular -en representación del Govern-, Manuel Pomar, así como los letrados José Ignacio Herrero, Ángel Aragón, Antoni Coll, y el del propio Arroyo, Gabriel Garcías, después de que haya sido levantado el secreto de sumario que pesaba sobre el caso.

Precisamente, el representante legal de Arroyo negó, a su salida de los Juzgados de Vía Alemania, que el coste de la instalación del videomarcador ascendiese a 6 millones de euros, "ni siquiera a la mitad, ni a la tercera parte". Tras asegurar que la declaración "ha ido muy bien", sí apuntó que a su patrocinador se le adjudicó la instalación del aparato, pese a que eludió concretar la cifra por la que obtuvo la concesión para colocar el videomarcador.

Asimismo, aseguró desconocer qué delitos se le imputan a su patrocinado, sino que se limitó a afirmar que la causa investiga "los cargos que ya se conocen", como son los de malversación, prevaricación, cohecho y falsedad documental, a raíz de las presuntas irregularidades cometidas durante la construcción del Palma Arena y que provocaron que el coste por el que estaba presupuestado inicialmente -48 millones de euros- se disparase hasta los 110.

En el caso concreto del videomarcador, el Ministerio Fiscal investiga las condiciones en las que fue adquirido el dispositivo electrónico y si se produjo un trato de favor hacia la empresa beneficiaria del proceso de adjudicación, Smart Vision, dentro del proceso de contratación al que, al parecer, también concurrió la empresa Odeco -a la que pertenecería Smart Vision- así como una tercera compañía.

De este modo continúan las declaraciones de imputados dentro de este procedimiento, sobre el que el juez Castro decretó el pasado martes el levantamiento del secreto sumarial que pesaba sobre la causa, de modo que las distintas partes personadas podrán desde ese momento acceder a las actuaciones y a toda la documentación referidas a la causa así como estar presentes en las distintas declaraciones que se produzcan, tal y como ha sucedido hoy.

El magistrado instructor ya apuntó que las comparecencias se alargarán previsiblemente hasta finales de este mes. De cara al próximo lunes está prevista la declaración del ex director general de Deportes del Consell de Mallorca, Antoni Palerm, defendido por Eduardo Valdivia. Entre los encausados también se encuentran el actual portavoz del PP de Palma y ex presidente del consorcio para la ejecución del Palma Arena, Rafael Duran, y el ex director general de Deportes del Govern de Jaume Matas, José Luis 'Pepote' Ballester.

Otra de las declaraciones previstas es la del ex gerente del PP balear y cuñado de Matas, Fernando Areal, quien previsiblemente será interrogado el 31 de agosto. Precisamemte sobre el ex jefe del Ejecutivo se ha pronunciado el juez instructor del caso, al aseverar que no descarta llamarlo a declarar ya que "puede que esté en la agenda" citarlo, pese a que ha negado que la Fiscalía haya solicitado por el momento su comparecencia.

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