PALMA DE MALLORCA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlament ha aprobado este martes una proposición no de ley (PNL) para reclamar al Gobierno de España la derogación de la tasa de reposición y el "retorno de derechos a los trabajadores públicos".
La PNL, impulsada por el sindicato UGT, ha sido presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios Socialista, Podemos, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y GxF, y defendida por los diputados María José Camps, Alberto Jarabo, Antoni Reus y Nel Martí.
La propuesta conjunta pide la derogación de la tasa de reposición "que viene lastrando y precarizando el empleo público desde el año 2011 hasta la actualidad" y además, "que se reconozca el esfuerzo que durante estos años han realizado los empleados públicos, que han sufrido severas restricciones en sus condiciones laborales y retributivas".
La propuesta también insta al Estado a elaborar un Plan de Ocupación y Recursos Humanos y a adaptar la legislación española a la europea "para acabar con el uso discriminatorio y abusivo de la contratación de trabajadores temporales" en el servicio público.
La PNL ha sido aprobada con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios excepto el PP, que se ha abstenido en todos los puntos menos en el primero, aprobado por unanimidad.
UGT CELEBRA LA APROBACIÓN
Por su parte, UGT ha celebrado que la mayoría parlamentaria haya aprobado la PNL "para erradicar el uso discriminatorio y abusivo de la contratación temporal en el sector público" y "calendarizar la recuperación de derechos", tal y como ha señalado el secretario general de la La Federación de Empleados de los Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FeSP-UGT), Miguel Ángel Romero.
FeSP estima que si se realizaran las convocatorias ordinarias y extraordinarias se podrían consolidar un total de 18.000 plazas públicas en el archipiélago: 3.363 en enseñanza, 1.220 en servicios generales, 2.295 en el sector público instrumental, 4.915 en el sanitario, 2.500 en la administración general del estado y 3.700 en la administración local.
La organización sindical trasladó esta petición a los grupos parlamentarios tras presentar un informe en el que constataba que casi el 38% del personal público del archipiélago es interino o temporal, una cifra que sitúa a la comunidad con la tasa más alta de temporalidad del sector público en el conjunto del Estado, según UGT.
