Podem reclama que Baleares asuma las competencias de sanidad penitenciaria

Publicado 15/09/2016 17:03:08CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Podem ha reclamado, a través de una Proposición No de Ley, que se proceda a las negociaciones oportunas para que Baleares asuma "de manera inmediata" las competencias para garantizar la asistencia sanitaria de los presos de las islas.

Tal y como ha puesto de manifiesto la formación en un comunicado, hace trece años que está en vigor la disposición de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud que preveía un plazo de 18 meses para la transferencia a las Comunidades Autónomas de los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias, para completar así su plena integración en los diferentes servicios autonómicos de salud.

Según la formación morada, esta transferencia efectiva de competencias debería haberse completado antes del 30 de noviembre de 2004. Sin embargo, lamenta, a día de hoy tan sólo se ha realizado esta transferencia de competencias al País Vasco y a Cataluña.

"La realidad en el resto de territorios del Estado es bien diferente y se regula, a pesar de las leyes aprobadas, sobre la base de una serie de convenios firmados entre las diferentes autonomías e Instituciones Penitenciarias, cuya aplicación tan sólo ha revelado numerosas deficiencias y en la actualidad no están en vigor", afirman desde Podem.

La formación asevera además que las 61.073 personas que a fecha de julio de 2016 cumplían condena en las diferentes prisiones del Estado "gozan de muy mala salud". Así, se estima, por ejemplo, que un 40 por ciento de la población reclusa padece trastornos mentales y no recibe un tratamiento integral acorde a sus necesidades.

Mientras tanto, enfermedades prácticamente erradicadas en la sociedad como la tuberculosis tienen presencia en las cárceles y la hepatitis presenta unas tasas de incidencia en torno al 25 por ciento en los diferentes presos del país.

De la misma forma, mientras que la tasa de infectados por VIH se sitúa en el mundo occidental entre el 1,5 y el 3 por ciento, más del 10 por ciento de la población reclusa padece esta grave enfermedad. "Sin embargo, este importante conjunto de personas no recibe ni de lejos una atención sanitaria de acuerdo a sus necesidades", abundan desde Podem.

El partido lamenta que la red sanitaria de atención primaria en las cárceles "está completamente aislada del resto del sistema sanitario", de tal forma que las historias clínicas de los reclusos no están incluidas en las bases de datos del Sistema Nacional de Salud (a excepción de País Vasco, Navarra y Cataluña).

Los profesionales sanitarios que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias dependen jerárquicamente del Ministerio del Interior y, tal como los propios profesionales denuncian, "su desempeño profesional se ve limitado por criterios de seguridad que prevalecen sobre criterios sanitarios, contrariamente a lo que la legislación establece", añade la formación.

El modelo vigente, asevera, se traduce además en una "endémica" falta de personal sanitario, un deficiente acceso a tratamientos médicos, problemas para acceder a los medicamentos normalizados en el Sistema Nacional de Salud y en una sistemática pérdida de citas médicas (un estudio realizado por el Defensor del Pueblo Andaluz cifraba en torno a un 20 por ciento el número de citas médicas que se pierden en la prisión de Jaén por el actual sistema en vigor).

La PNL que ha registrado Podem en el Parlament y que se une a la moción que Unidos Podemos-En Común Podemos-En Marea ha presentado en el Senado y en el Congreso "única y exclusivamente exige que se cumpla la legislación vigente realizando la transferencia con su correspondiente traspaso presupuestario, aprobada hace ya más de trece años y que en la práctica sigue sin aplicarse".

"Existe además un absoluto consenso entre los profesionales sanitarios penitenciarios y del SNS, entre los colectivos de Derechos Humanos e incluso entre las propias instituciones como el Defensor del Pueblo, la Fiscalía General del Estado o Consejo General de la Abogacía Española sobre la necesidad de que se cumpla con urgencia la ley, ya que esto supondría una mejora en muchos casos y una solución en otros para esta asistencia sanitaria que, a día de hoy, no es justa ni equitativa", añaden desde Podem.

La formación concluye que aplicar la legislación vigente "no sólo no tendría ningún coste adicional para las arcas públicas, sino que pondría fin incluso al derroche de dinero público que supone la falta de coordinación entre administraciones o al importante porcentaje de citas médicas que se pierden con el actual modelo".

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra política de cookies -
Uso de cookies