PSM-IniciativaVerds reclama garantizar una renta mínima para las personas sin prestaciones sociales

Fina Santiago y Biel Barceló.
PSM-INICIATIVAVERDS
Actualizado 26/01/2011 16:15:53 CET

Piden que se convoque una mesa sectorial entre las CCAA y el Gobierno para debatir la financiación de una renta mínima de ciudadanía

PALMA DE MALLORCA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

PSM-IniciativaVerds ha reclamado "responsabilidad" al Gobierno español al que ha solicitado que garantice una renta mínima de ciudadanía para los parados de larga duración y sin prestación social alguna.

Para este fin, la coalición nacionalista y ecosocialista ha considerado "urgente" la convocatoria de una mesa sectorial de servicios sociales para pactar con las comunidades autónomas medidas para hacer frente a las necesidades de las familias sin recursos.

Así lo han comunicado a la prensa el secretario general del PSM-EN, Biel Barceló, y la consellera de Asuntos Sociales y miembro de la ejecutiva de IniciativaVerds, Fina Santiago.

Los nacionalistas han tildado de "muy peligrosa" la "falta de estrategia" y "carencia de rumbo" del Gobierno español en materia de servicios sociales y protección laboral". En este sentido, han recordado que primero se anunció en julio una prórroga de la ayuda para los parados de larga duración (PRODI), para más tarde decidir su retirada, si bien finalmente en enero se dijo que cambiarían los 426 euros por 350 euros con la condición de recibir formación.

Barceló ha enfatizado la necesidad de garantizar recursos para afrontar el aumento de la demanda de servicios sociales en las islas, puesto que, a su juicio, estos 350 euros "no permitirán ni a la mitad de las personas que lo necesitan acceder a estas ayudas".

"Es responsabilidad del gobierno español asegurar a todas aquellas personas que estén en una situación de vulnerabilidad, una renta mínima para que puedan cubrir las necesidades básicas".

Por otra parte, Santiago ha incidido en "la grave contradicción" que supone que el Ejecutivo español tome decisiones "que agravan la demanda de servicios básicos" cuando no tiene competencias en servicios sociales. "Esto al mismo tiempo que anuncia la disponibilidad de hasta 20 mil millones de euros para sanear el sector financiero". "Si hay dinero para las cajas, tiene que haber dinero para los más desfavorecidos", ha añadido.

MEDIDAS PARA AUMENTAR LOS INGRESOS PÚBLICOS

Además, Barceló ha insistido en la necesidad de situar a las personas más débiles en el epicentro de las decisiones políticas en materia laboral y social. En esta línea, ha apuntado algunas propuestas complementarias para paliar esta situación como la lucha contra la economía sumergida, que supone el 23% del PIB, es decir, que "con la declaración de estos fraudes el Estado podría tener unos ingresos fiscales de hasta 90 mil millones de euros".

Asimismo, también ha propuesto introducir tramos en el IRPF para las rentas más altas (a partir de 60.000 euros, la aplicación de un 45% de retención, y para las rentas de más de 120.000 euros un 50%). Una medida que permitiría ingresar a las arcas públicas hasta 2.500 millones de euros, han indicado.

Otra de las propuestas es la recuperación del Impuesto de Patrimonio, que supondría ingresar cerca de 2.100 millones de euros, "una cantidad que se aproxima mucho al dinero que el Gobierno español se ahorró con la congelación de las pensiones".

SISTEMA DE CAJAS

Respecto al anuncio del Gobierno de que intervendrá en las cajas que no sean solventes, los nacionalistas se han mostrado totalmente contrarios. Barceló ha apuntado que esta reforma supone "una estrategia del sector banquero para eliminar la competencia que suponen las cajas, obligarlas a cotizar en la Bolsa y que, por lo tanto, puedan ser adquiridas, por ejemplo, por los bancos".

"Las cajas cumplen con una función social y cuentan con una representación democrática, hechos que no se pueden obviar ni eliminar". Barceló ha lamentado que, en un primer momento, se obligara a las cajas a fusionarse, y ahora en una segunda fase, se las obligue a presentar el cuentas en un plazo de tiempo "demasiado corto" para evaluar su funcionamiento y la rentabilidad de las operaciones de fusión.

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