UPyD propone una Ley de Transparencia para acabar con la corrupción, "uno de los principales problemas de España"

Juan Luis Calbarro, UPyD Baleares
UPYD
Actualizado 12/11/2011 20:00:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de UPyD en Baleares al Congreso de los Diputados, Juan Luis Calbarro, ha propuesto la aprobación de una Ley de Transparencia para acabar con la corrupción, "uno de los principales problemas de España" y que ha llegado a calificar de "cáncer de la democracia".

En un comunicado, Calbarro ha destacado que en el programa electoral de su partido incluyen una serie de medidas para "restaurar la confianza de los ciudadanos en la clase política y las instituciones", como la citada Ley dirigida a "prevenir la corrupción en las administraciones públicas y en cualquier persona física o jurídica que tenga cualquier relación de interés privado con éstas.

Además, ha señalado que esta normativa impulsará prácticas de transparencia y acceso a la información en todas las instituciones para "mejorar su calidad y favorecer la participación y el control de los ciudadanos sobre la vida política y las actuaciones de las administraciones públicas".

Calbarro considera "sorprendente" que ni en el reciente debate televisivo entre Rajoy y Rubalcaba ni en la campaña electoral de Baleares se debata sobre el problema de la corrupción, lo que, a su juicio, demuestra que "es uno de los temas en los que PP y PSOE se han puesto de acuerdo para no tocarlos en la campaña electoral y de esta manera correr un tupido velo sobre los casos de corrupción que afectan a ambos partidos".

Sin embargo, ha recordado que, "según el barómetro de junio del CIS, más de ocho de cada diez ciudadanos (el 85,6 por ciento) creen que la corrupción está muy o bastante extendida en España". En esta línea, Calbarro no duda que ese es uno de los motivos principales por los que "el 24,7 por ciento de los encuestados ven a la clase política como un problema, porcentaje que bate un nuevo récord en comparación a los anteriores barómetros del CIS".

"Es muy preocupante que los políticos seamos considerados por los ciudadanos como su tercera mayor preocupación, siendo superados solamente por el paro y la economía y, por ello, la lucha contra la corrupción es una de nuestras mayores prioridades y a tal fin proponemos en nuestro programa electoral una serie de medidas contundentes", ha aseverado.

Entre ellas, ha destacado que UPyD propondrá que los imputados por delitos contra las Administraciones Públicas no podrán ser candidatos en procesos electorales, por lo que se aprobará la suspensión cautelar de empleo o cargo público de la persona contra la que existan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito. "También podrán ser suspendidos provisionalmente por decisión judicial los cargos públicos ya electos", ha añadido.

Asimismo, ha anunciado que UPyD planteará medidas penales contra administradores, directivos o empleados de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u organización privada con participación pública, o que desempeñe funciones públicas, implicados en actos de corrupción.

Calbarro ha agregado que su partido también promoverá una nueva Ley de exigencia de responsabilidad civil y penal para los casos más graves, de aquellos responsables públicos que, tras la finalización de su mandato, se constate que "hayan ocultado deudas o impagos del órgano o administración de la que fueran responsables".

Por otra parte, UPyD defenderá la modificación del Código Penal para eliminar la expresa exclusión de los partidos políticos y sindicatos del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, a fin de que "tanto partidos políticos como sindicatos puedan ser penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre y por cuenta de los mismos o en su provecho por sus miembros y cargos".

Además, planteará medidas contra la corrupción en la contratación administrativa, "limitando la posibilidad de adjudicar contratos directamente a favor de un contratista, la cuantía de los contratos menores y la posibilidad de subdividir contratos, exigiendo la publicidad de la contratación administrativa".

Al mismo tiempo, prohibirá contratar al personal de alta dirección, asesores, representantes legales, apoderados o mandatarios de empresas que tengan conflictos de intereses con las administraciones públicas, mientras que también modificará la ley de contratos del sector público para garantizar la libre concurrencia.

Finalmente, Calbarro se ha comprometido a que su partido tratará de "despolitizar" el Tribunal de Cuentas, eligiendo a sus miembros "sin injerencias partidistas", con el fin de que este órgano sea el encargado del control, "en exclusiva, de la financiación de los partidos políticos, sindicatos y patronales".