UPyD propone que la Sindicatura de Cuentas pueda sancionar a una administración si se confirman indicios de delito

Actualizado 04/03/2011 12:52:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Baleares ha desgranado una batería de medidas para combatir la corrupción, que pasan por reforzar la imparcialidad y la independencia de los interventores, realizar una fiscalización previa del gasto, y si sale negativa, frenar el desembolso, y desarrollar un estatuto para los funcionarios de las administraciones locales.

El objetivo de dicho estatuto sería que los funcionarios de los ayuntamientos pudieran controlar con "plena autonomía" el órgano objeto de control, de igual forma que hacen los interventores de la Administración del Estado.

Por otro lado, la formación que dirige Juan Luis Calvarro propone reforzar el papel de la Sindicatura de Cuentas para que su función no sea solo consultiva, sino que tenga carácter sancionador y capacidad para emprender acciones judiciales si se hallan indicios de delito.

En este sentido, considera que el Síndico de Cuentas debe tener mayor independencia de los partidos políticos y defiende que los alcaldes estén obligados a entregar las cuentas, so pena de que puedan ser sancionados con no recibir ayudas de la comunidad autónoma o de los Consells insulares.

Asimismo, propone sustituir los cargos de libre designación por funcionarios de carrera, siempre que sea posible. El decálogo anticorrupción contempla, también, condicionar las subvenciones públicas a que las asociaciones que las reciban demuestren autonomía financiera por sus propios medios, de modo que las ayudas totales recibidas no sobrepasen nunca el 50% de su presupuesto ordinario.

En este sentido, cree necesario habilitar un Registro de actividades profesionales coincidentes para que todo político y todo profesional que ejerza un cargo en una institución pública o en una empresa pública haga constar sus actividades profesionales y participaciones en empresas, cuya actividad coincida total o parcialmente con la propia de la institución o empresa pública que gestione.