MANILA, 18 Feb. (Reuters/EP) -
Jude Sabio, el abogado filipino que denunció al presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por su guerra contra las drogas, ha asegurado que no ha estado en su casa desde hace un año y se mantiene al margen de eventos públicos desde que presentó la denuncia.
Sabio, de 51 años, ha admitido que vive con el temor constante de represalias después de presentar una denuncia ante el TPI contra Duterte y otros funcionarios del Estado acusándolos de cometer crímenes contra la humanidad por su severa política antidrogas a nivel nacional.
El abogado, poco conocido hasta que presentó la denuncia en abril de 2017, argumenta que la muerte de miles de filipinos en una guerra brutal contra las drogas es el método de Duterte para controlar el crimen y que utilizó la misma medida con eficacia durante sus 22 años como alcalde de Dávao en el sur del país.
Duterte ha negado en repetidas ocasiones ordenar ejecuciones extrajudiciales mientras era alcalde o presidente y este mes ha reiterado que iría "con mucho gusto" ante el TPI.
La denuncia de Sabio es algo poco común en un país en el que, a pesar de todas las personas que han fallecido, Duterte goza de seguidores que acechan y acosan a sus oponentes.
La última encuesta trimestral de la Estación Meteorológica Social (SWS) muestra que la popularidad de Duterte se ha recuperado de un nivel "muy alto" en septiembre a uno "excelente" en diciembre. Otra encuesta de SWS dio a su Gobierno la mejor calificación que había recibido una administración filipina hasta el momento.
"Cuando fui a La Haya, recibí tantas amenazas", ha asegurado Sabio a Reuters. "Recibo muchas amenazas. No quiero leerlas", ha aseverado.
El portavoz del presidente, Harry Roque, ha señalado que los "enemigos domésticos del estado" están detrás de la denuncia de Sabio. Cuando se le preguntó sobre la seguridad del abogado, Roque dijo que debería denunciar las amenazas a la Policía.
"No tenemos mala voluntad contra él", ha asegurado Roque. "Sabemos que la denuncia no irá más allá de la investigación preliminar", ha añadido.
Sabio era el abogado defensor de Edgar Motobato, el hombre que declaró ante el Senado como parte del 'escuadrón de la muerte de Dávao', presuntamente dirigido por Duterte.
Esta es la primera denuncia ante el TPI contra Duterte que se hace pública y está basada en el testimonio de Matobato y del policía retirado Arturo Lascañas, así como en las declaraciones de grupos de Derechos Humanos y reportajes de la prensa. En la denuncia se acusa a Duterte y al menos a 11 miembros del Gobierno de ser responsables de asesinato, y se insta a investigar, arrestar y juzgar a los acusados.
Al menos 9.000 personas han sido asesinadas desde que Duterte asumiera la Presidencia en verano de 2016. La Policía asegura que la tercera parte de estas muertes se produjo en defensa propia durante operaciones policiales legítimas. Diversos grupos de Derechos Humanos han afirmado que los dos tercios restantes corresponden a operaciones de cooperación entre vigilantes y Policía o de policías encubiertos.
Duterte ha negado persistentemente su relación con ningún escuadrón de la muerte y ha afirmado que en las órdenes de matar a sospechosos de tráfico de drogas se advertía de que la Policía debe operar dentro de los límites de la ley.
PRIMER PASO
La denuncia es sólo el primer paso del que puede ser un largo proceso en el TPI. El Tribunal primero tiene que decidir si corresponde a su jurisdicción y valorar si procede llevar a cabo un examen preliminar.
La fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, dijo en 2016 que su oficina estaba siguiendo los acontecimientos en Filipinas "con el fin de evaluar si era necesario abrir un examen preliminar".
"Estoy profundamente preocupada por estos presuntos asesinatos y por el hecho de que estas acusaciones públicas sobre altos cargos de la Republica de Filipinas parecen confirmar los asesinatos y, además, alentar a las fuerzas del Estado y a los civiles a seguir atacando a estas personas con fuerza letal", declaró.
