MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha recordado que casi 1,6 millones de personas continúan desplazadas por el conflicto desatado hace más de tres años en el este de Ucrania, donde aún se siguen registrado enfrentamientos "esporádicos" entre las fuerzas del Gobierno central y los separatistas prorrusos.
"La seguridad sigue siendo una preocupación para casi 800.000 personas que viven cerca de la Línea de Contacto en las regiones de Donetsk y Lugansk", ha advertido un portavoz de ACNUR, Andrej Mahecic, en alusión a la zona que delimita los territorios controlados por cada una de las dos partes.
"Los intercambios esporádicos de disparos en zonas cercanas a la Línea de Contacto siguen dañando infraestructuras civiles, provocando nuevas necesidades humanitarias y aumentando el riesgo de desplazamientos", ha añadido Mahecic durante una comparecencia en Ginebra.
Casi 1,6 millones de personas siguen fuera de su hogar como consecuencia de las persistentes tensiones e intentan a duras penas encontrar no sólo seguridad física, sino también una vivienda y un empleo que les permita retomar sus vidas en la medida de lo posible.
La guardia fronteriza ucraniana registró en junio más de 1,1 millones de cruces de personas en la línea que separa 'de facto' la zona este de Ucrania y ACNUR ha subrayado que la libertad de movimiento no siempre está garantizada. En este sentido, el portavoz de la agencia ha denunciado que las "largas colas" son "frecuentes" y quienes esperan tienen un acceso "limitado" a servicios básicos como agua, letrinas o atención médica.
CARENCIAS
ACNUR ha señalado que, desde principios de 2016, más de medio millón de personas jubiladas que residen en las zonas en conflicto han perdido sus pensiones debido al proceso de "verificación" aprobado por el Gobierno ucraniano, lo que ha afectado de forma especialmente grave a quienes "dependen de sus pensiones y de las ayudas sociales como única fuente de ingresos".
Por otra parte, al menos 40 comunidades situadas cerca de la Línea de Contacto tienen un acceso reducido a los servicios médicos, ya que "unas 150 instalaciones" se encuentran dañadas desde que comenzó el conflicto y parte del personal médico ha abandonado estas zonas, y a la educación, en la medida en que al menos 700 escuelas han sufrido daños, 55 de ellas este mismo año.
Algunas de estas instalaciones terminan al servicio de los combatientes armados, un motivo de preocupación para ACNUR, que ha insistido en que las infraestructuras civiles no pueden ser utilizadas con fines militares. "La instalación de combatientes y armas en zonas residenciales pone en peligro a las poblaciones civiles durante los combates", ha afirmado Mahecic.
