MADRID, 25 Ago. (EDIZIONES)
El diálogo de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha concluido este miércoles tras cuatro años de negociaciones en La Habana en las que se han cerrado seis acuerdos para garantizar el final de la guerra más longeva del hemisferio occidental.
1.- DESARROLLO AGRARIO Y RURAL
El primer resultado tangible del diálogo de paz llegó el 26 de mayo de 2013 con el acuerdo sobre desarrollo agrario y rural, uno de los puntos más importantes para la guerrilla, ya que las precarias condiciones del campo colombiano están en la génesis de las FARC.
La clave de este acuerdo es la creación de un Fondo de Tierras, "con el propósito de lograr la democratización en el acceso a la tierra en beneficio de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y de las comunidades más afectadas por el conflicto, promoviendo una desconcentración y una distribución equitativa".
Además, se llevará a cabo una "formalización masiva de la pequeña y la mediana propiedad rural" y se crearán otros mecanismos para promover el acceso a la tierra, tales como un subsidio integral y un crédito especial para la compra de tierras.
Este nuevo mapa del campo colombiano, que contará con una "frontera agrícola", no podrá cambiarse en siete años, durante los cuales todos estos terrenos serán inalienables e inembargables, aunque en el caso de que se hiciera un mal uso de los mismos el Estado los recuperaría.
La Reforma Rural Integral (RRI) no se agota en el reparto de tierras, sino que contempla también la puesta en marcha de una jurisdicción especial y de un conjunto de planes nacionales que garanticen al mismo tiempo una explotación agropecuaria adecuada y el acceso de la población rural a servicios públicos para "una vida digna".
2.- PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Hubo que esperar hasta el 6 de noviembre de 2013 para que Gobierno y FARC dieran un paso más hacia el fin del conflicto con la firma del segundo acuerdo parcial, esta vez, sobre participación política.
A este respecto, las partes proponen "una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y fortalecer la representación de las diferentes visiones con las debidas garantías".
Ello pasa por una reforma electoral para "asegurar una mayor autonomía e independencia de la organización electoral y modernizar y hacer más transparente el sistema electoral", lo cual correrá a cargo de una comisión de expertos que se basará en las "buenas prácticas nacionales e internacionales".
Destaca la creación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para las zonas más afectadas por el conflicto. Sus habitantes elegirán, además de a los legisladores de su departamento, como ocurre actualmente, otros por dichas circunscripciones, aunque solo por un determinado número de legislaturas, aún por concretar.
Además, se creará un tribunal nacional de garantías electorales y tribunales especiales para las circunscripciones con mayor riesgo de fraude electoral y "se fortalecerá la capacidad de investigación y sanción de delitos y faltas electorales y de la infiltración criminal en la vida política".
Este acuerdo parcial contempla también la elaboración de un estatuto de la oposición, que se complementará con un Sistema Integral de Seguridad "para garantizar los derechos y las libertades y prevenir y neutralizar cualquier violencia contra quienes ejercen la política, especialmente para que no resurjan grupos de tipo paramilitar".
3.- CULTIVOS DE DROGAS ILÍCITAS
El 16 de mayo de 2014 los equipos negociadores de Gobierno y FARC sellaron su siguiente acuerdo parcial, sobre el problema de los cultivos ilícitos de droga, uno de los temas más importantes de cara al fin del conflicto, ya que el narcotráfico constituye la principal fuente de financiación de la guerrilla.
Las partes reconocen que "el cultivo y la comercialización de drogas ilícitas han financiado el conflicto y que las instituciones han sido afectadas por la corrupción asociada al narcotráfico". Las FARC, en concreto, se comprometen a "poner fin a cualquier relación que, en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno".
Esto se traduce en la creación de un Programa Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito que dará prioridad a las sustituciones voluntarias y, como último recurso, a la erradicación forzosa de cultivos ilegales. No obstante, se respetarán los cultivos ancestrales con "usos médicos y científicos".
De forma paralela, el Gobierno pondrá en marcha una serie de programas nacionales para garantizar "el buen vivir" de las comunidades campesinas que tenían en estos cultivos ilícitos su medio de subsistencia.
Además de la erradicación de los cultivos ilícitos, se llevará a cabo un programa de desminado en el que Gobierno y FARC contribuirán "en lo que le corresponde a cada cual, incluyendo el suministro de información". De momento, ya se ha aplicado exitosamente en Antioquía.
También se prevé un cambio radical en la lucha contra las drogas que pasa por concebir el consumo como un problema de salud pública y fortalecer los medios para la persecución del crimen organizado. En este punto, el Gobierno se compromete a renunciar a la acción penal contra los pequeños agricultores.
4.- VÍCTIMAS
El 15 de diciembre de 2015 las partes cerraron un acuerdo crucial: el acuerdo sobre víctimas, que diseña la justicia transicional que se aplicará a las partes en conflicto en base a los pilares reconocidos internacionalmente para evitar la impunidad: verdad, reparación y garantías de no repetición.
El grueso del acuerdo es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que "ejercerá funciones judiciales de manera autónoma y preferente sobre los asuntos de su competencia", relativos al conflicto armado y sus consecuencias.
"El Estado colombiano podrá otorgar la amnistía más amplia posible" a todos los que hayan participado en la guerra, tanto agentes del Estado como guerrilleros -los que se adhieran al proceso de paz--. En ningún caso podrán ser objeto de amnistía las graves violaciones de los Derechos Humanos y los crímenes internacionales, que deberán dirimirse por la vía de la JEP.
Las sanciones impuestas en la JEP dependerán de la verdad que ofrezcan los acusados, que debe ser "plena" y "objetiva". El Tribunal Especial para la Paz estará formado por dos salas: una para sentenciar, a la que llegarán los casos en los que el acusado haya admitido su culpabilidad; y otra para juzgar, a donde se remitirán las causas que requieran la comprobación de los hechos.
Para los que aporten toda la verdad desde el principio se abrirá una vía "restaurativa", con "restricciones de derechos y libertades". Para quienes confiesen tardíamente habrá "privaciones de derechos y libertades" de entre cinco y ocho años. Y para quienes se declaren inocentes habrá juicios que podrán terminar con penas de hasta 20 años de cárcel.
El acuerdo sobre víctimas contempla también la creación de una Comisión de la Verdad como "un órgano temporal y de carácter extrajudicial que busca el esclarecimiento de las violaciones e infracciones y ofrecer una explicación amplia a toda la sociedad de la complejidad del conflicto".
Además, las partes han pactado la creación de una "unidad especial" de "alto nivel y carácter extrajudicial y humanitario" para "la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto".
Como tercer eje, Gobierno y FARC han pactado "medidas de reparación integral para la construcción de la paz (...) incluyendo los derechos a la restitución, la indemnización, la rehabilitación y la satisfacción", tanto para las víctimas individuales como para los territorios más afectados por la guerra.
