NUEVA DELHI, 15 Nov. (Thomson Reuters Foundation/EP) -
Varios activistas de India han solicitado este miércoles la derogación de la ley forestal por considerar que la legislación actual fomenta la deforestación y está afectando negativamente a los asentamientos y el sustento de las comunidades indígenas que viven en las zonas forestales.
La Ley de Fondos de Compensación para la Forestación (CAF, por sus siglas en inglés), promulgada en 2016, asignó unos 420.000 millones de rupias (unos 5.500 de millones de euros) a los departamentos forestales de cada estado para que incrementasen la densidad forestal, que se había perdido por la actividad minera y la creciente presencia industrial.
Los activistas han asegurado que las autoridades se han amparado en esta ley para acabar con bosques naturales y reemplazarlos por especies comerciales de madera de teca y eucaliptos con los que comerciar, lo que ha restringido el acceso de las comunidades indígenas a esas zonas.
Un representante del Foro de Movimientos Forestales de India, Souparna Lahiri, ha denunciado que "esta ley legitima la deforestación", al tiempo que ha advertido de que los efectos de dicha regulación "solo se traducen en pérdida de tierras forestales, pero también de biodiversidad y del sustento de las comunidades indígenas".
Durante una reunión con activistas, Lahiri ha definido esta ley como una "comercialización extrema que fomenta la deforestación" y ha defendido que "debe ser derogada".
El Gobierno de India ha sostenido su intención de mantener un tercio del total de su territorio cultivado y con una rica densidad forestal. Sin embargo, las zonas que el Gobierno pretende proteger se han visto muy afectadas por la expansión demográfica que ha habido en el país y por el incremento de la demanda de tierras para fines industriales.
DESPLAZAMIENTOS FORZADOS
Algunos líderes indígenas han denunciado que fueron desalojados de sus asentamientos y que las tierras en las que se encontraban han sido cercadas y están siendo custodiadas por hombres armados que no les permiten acceder de nuevo a sus hogares.
Las autoridades forestales no se han pronunciado al respecto, mientras que el Ejecutivo indio ha resaltado que la CAF ha ayudado a incrementar la plantación de más especies vegetales, aunque los activistas han denunciado que dentro de esos datos el Gobierno incluye las plantaciones comerciales creadas por la CAF.
Un representante del grupo de conservación Vasundhara, Tushar Dash, ha declarado que el Ejecutivo está incrementando "de manera efectiva" la densidad forestal, pero ha matizado que lo está haciendo "para plantaciones comerciales".
Dash ha afirmado que "las mujeres se están viendo particularmente afectadas", ya que tienen dificultades para acceder al bosque y poder disponer de sus necesidades básicas.
En 2006 se aprobó la Ley de Derechos Forestales que reconoce el derecho de las comunidades indígenas que han pasado generaciones viviendo en los bosques a seguir haciéndolo. Esta regulación buscaba mejorar la vida de estas personas.
Según lo establecido por dicha ley, unos 150 millones de personas disfrutarían de su derecho a poder establecer sus asentamientos a lo largo de unos 40 millones de hectáreas de terreno. Sin embargo, los progresos han sido lentos y solo se han reconocido un tres por ciento de estos terrenos. Los activistas han reclamado a la CAF que se produzcan mayores avances.
Según datos del grupo Land Conflict Watch, unos 22 de los aproximadamente 500 conflictos que ha habido en todo el país en relación con los terrenos han sido causados por plantaciones que controla la CAF. Esta situación ha afectado a unas 38.000 personas que residen en los bosques, y ha supuesto la plantación de unas 110.000 hectáreas de tierra.
