GRAPEVINE (TEXAS), 1 Ago. (Reuters/EP) -
La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llegado este lunes a un acuerdo con 18 de los 254 condados del estado de Texas, en el sur del país, para ampliar el programa que permite a los sheriffs cooperar con las autoridades federales en materia de inmigración.
El acuerdo firmado durante una reunión celebrada en la localidad de Dallas ha tenido lugar en el marco de las medidas puestas en marcha por el estado de Texas --principalmente republicano-- y la Administración Trump contra las "ciudades santuario", que en contra de las leyes federales ofrecen ayuda a los inmigrantes que se encuentran de forma ilegal en el país en un intento por evitar su deportación.
Bajo el acuerdo firmado este lunes, los agentes a nivel local recibirán formación para saber cómo discernir si aquellas personas que se encuentran bajo custodia policial violan las leyes federales de inmigración.
El programa está vigente desde 1996 y permite al Departamento de Seguridad Nacional llegar a acuerdos con los departamentos de Policía a nivel estatal y local para que los agentes lleven a cabo funciones propias de los agentes federales de inmigración.
"No hay duda de que arrestar a los extranjeros es más seguro para los policías, para la comunidad y para ellos mismos", ha señalado el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Tom Homan.
A.J. Louderback, sheriff del condado de Jackson, ha afirmado durante una conferencia que se ha unido al programa para controlar el nivel de criminalidad en su condado.
Su homólogo del condado de Harris, el más poblado del estado, se retiró del programa a principios de este año tras señalar que este suponía un gasto excesivo de mano de obra y dinero. Muchos de los 18 condados, que tienen una población total de cerca de 1,5 millones de personas, se encuentran cerca del condado de Harry. En el estado de Texas residen aproximadamente 28 millones de personas.
Aunque el nuevo acuerdo se centra principalmente en la actuación policial en las cárceles, el nuevo modelo ha sido utilizado en diversas ocasiones para controlar el estatus de inmigración de la población durante las patrullas policiales. Varios grupos de defensa de los derechos civiles han denunciado que este protocolo promueve la identificación por motivos raciales.
Con la inclusión de estos 18 programas, el ICE tiene ahora unos 60 acuerdos activos en todo el país, casi el doble del número de programas activos en 2016.
