MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este jueves que las autoridades de Camerún retienen "en condiciones horribles" a cerca de mil personas acusadas de apoyar a la secta islamista Boko Haram, agregando que algunas han sido torturadas hasta la muerte.
En su informe, la ONG ha detallado que cerca de ocho personas mueren cada mes a causa de las condiciones en la prisión de Maroua, al tiempo que ha señalado que más de cien personas han sido condenadas a muerte por tribunales militares del país.
El documento 'Causa correcta, medios equivocados: violación de Derechos Humanos y justicia en la lucha de Camerún contra Boko Haram', recoge que la ofensiva militar contra el grupo ha desencadenado gran cantidad de abusos contra la población civil en la Región del Extremo Norte.
"Al buscar proteger a su población de la brutalidad de Boko Haram, Camerún busca el objetivo correcto, pero al arrestar de forma arbitraria, torturar y someter a personas a desapariciones forzosas, las autoridades usan los medios equivocados", ha dicho el director de AI para África Occidental y Central, Alioune Tine.
"Ante el arresto de cientos de personas sin que existan sospechas razonables de que hayan cometido crimen alguno, y con personas muriendo cada semana en prisiones superpobladas, el Gobierno de Camerún debería cumplir su promesa de respetar los Derechos Humanos en su lucha contra Boko Haram", ha apuntado.
El informe ha sido publicado pocas semanas después de la muerte de once personas en un atentado suicida perpetrado por el grupo --que ha jurado lealtad a Estado Islámico-- en Djakana. En total, 480 civiles han muerto en 2016 en 46 ataques del grupo.
ABUSOS Y TORTURAS EN PRISIONES Y CENTROS DE DETENCIÓN
Amnistía ha recalcado en su informe que los más de mil detenidos se encuentran en prisiones superpobladas en las que las condiciones sanitarias y de alimentación son malas.
En el caso de la prisión de Maroua, entre seis y ocho personas mueren cada mes, y la ONG ha manifestado que, a pesar de los intentos para mejorar la canalización de agua y la construcción de nuevas celdas, las condiciones "siguen siendo inhumanas".
En este sentido, ha destacado que cerca de 1.500 personas se encuentran encarceladas en unas instalaciones que fueron construidas con capacidad para 350. Asimismo, las visitas familiares se encuentran "estrictamente limitadas".
Por otra parte, AI ha señalado que las fuerzas de seguridad llevan a cabo frecuentemente arrestos siguiendo informaciones insuficientes o de forma directamente arbitraria, lo que ha provocado que se dispare la población carcelaria.
En su informe, ha añadido que se han documentado 29 casos de torturas a manos de las fuerzas de seguridad entre noviembre de 2014 y octubre de 2015, incluidas seis personas que murieron a causa de estos abusos.
"La mayoría de los casos de tortura fueron cometidos a gente retenida e incomunicada en centros de detención ilegales en bases militares gestionadas por el Batallón de Intervención Rápida (BIR) en Salak y Mora.
AI ha asegurado que además ha documentado casos de torturas en la Dirección General de Investigación Externa en la capital, Yaundé, añadiendo que entre las víctimas figura el periodista de Radio France Internationale Ahmed Abba.
En otro orden de cosas, ha destacado que al menos 17 personas han sido sometidas a desapariciones forzosas, apuntando que su paradero sigue siendo desaparecido casi dos años después de su detención.
JUICIOS MILITARES
La ONG se ha referido además a los juicios militares a los que hacen frente los sospechosos, manifestando que la pena de muerte "es, con diferencia, el resultado más probable".
Así, ha señalado que más de cien personas, entre ellas mujeres, han sido condenadas a muerte por el tribunal militar de Maroua desde julio de 2015, si bien ninguna de ellas ha sido ejecutada hasta la fecha.
"Los acusados son condenados frecuentemente según pruebas limitadas, incluyendo testimonios de informantes anónimos que no pueden ser verificados o pruebas circunstanciales como no poder explicar un viaje fuera de la ciudad o la pérdida de un documento de identidad", ha lamentado.
En este sentido, Tine ha manifestado que "tras ser arrestados sin una causa razonable y sufrir malas condiciones en prisión a la espera de juicio, la población de Camerún se arriesga a ser condenada y sentenciada a muerte en tribunales militares según pruebas débiles o sin pruebas, en juicios claramente injustos".
La mayoría de los condenados son imputados a raíz de una ley antiterrorista promulgada en diciembre de 2014 que contempla una definición ambigua del terrorismo que supone además una amenaza para la libertad de expresión.
Por ello, AI ha reclamado al Gobierno que aplique "de forma urgente" medidas para evitar las violaciones de Derechos Humanos en su lucha contra Boko Haram, entre ellos el fin de los arrestos arbitrarios y el ingreso de sospechosos en centros de detención oficiales.
Asimismo, ha solicitado el fin de las torturas, que los detenidos pueden acceder a sus familiares y abogados, que se cree un registro central de detenidos, se mejoren las condiciones en las prisiones, se reforme la ley antiterrorista y se investiguen las acusaciones de violaciones de los Derechos Humanos.
