ANKARA, 19 Abr. (Reuters/EP) -
El Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) ha fijado este miércoles los planes para que el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, vuelva a asumir de forma paulatina las riendas de la formación cuando se aplique la nueva reforma constitucional, aprobada en referéndum el 17 de abril.
El liderazgo del partido gubernamental lo ejerce actualmente el primer ministro, Binali Yildirim, toda vez que Erdogan tuvo que abandonar la formación cuando asumió la Presidencia porque la anterior Carta Magna prohibía expresamente que el jefe del Estado militara en una formación política.
Yildirim ha dicho que Erdogan, que fundó el AKP en 2001, podrá reincorporarse al partido cuando los resultados del referéndum constitucional sean proclamados oficialmente. La previsión es que los resultados oficiales se hagan públicos antes de final de mes.
El todavía primer ministro --cuyo cargo desaparecerá en virtud de la reforma constitucional para que sus competencias sean asumidas por la nueva figura del presidente del país-- ha explicado que el AKP no celebrará un congreso hasta 2018, lo que implicaría que Erdogan no se pondría de nuevo al frente de la formación hasta entonces.
"Cuando la Comisión Electoral Superior anuncie los resultados oficailes, nuestro presidente podrá volver al partido", ha afirmado Yildirim, en declaraciones a la prensa ante la sede de la formación gubernamental.
El organismo electoral tiene previsto estudiar este miércoles las quejas y reclamaciones presentadas sobre los resultados del referéndum en el que el 'sí' se impuso por un estrecho margen.
A pesar de las críticas de la oposición a la consulta por supuestas irregularidades, Erdogan ha subrayado que el referéndum ha cerrado el debate sobre el cambio a un régimen presidencialista.
Tanto el principal partido opositor, el CHP, como el partido opositor prokurdo HDP han presentado ante la Comisión Electoral Superior sendos recursos para que los resultados del referéndum sean anulados.
La misión de observación desplegada por la OSCE y por el Consejo de Europa ha concluido que la consulta popular no cumplió "los estándares" del Consejo de Europa y que el marco legal en el que se realizó no era el adecuado para que se tratara de un proceso "verdaderamente democrático".
