MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -
Las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional (AI) y Human Rigths Watch (HRW) han criticado este miércoles el ataque deliberado contra la población civil que ha supuesto el atentado con un coche bomba perpetrado el martes junto a un supermercado de la provincia de Pattani, en el sur de Tailandia, que ha dejado en torno a 60 heridos.
La directora para el Sudeste Asiático y el Pacífico de AI, Champa Patel, ha señalado que el ataque en un área comercial de Pattani es un "horrible y deliberado ataque contra civiles" y que muestra un "insensible desprecio por la vida humana".
"Las autoridades de Tailandia deben ordenar inmediatamente una investigación efectiva e independiente", ha instado Patel en un breve comunicado. Asimismo, les ha recordado que tienen el deber de "llevar a los atacantes ante la Justicia a través de juicios justos y en línea con los estándares internacionales", insistiendo en que no debe imponerse la pena de muerte.
"Todas las medidas que las autoridades tomen para detener y evitar este tipo de ataques deben respetar las obligaciones de Tailandia en virtud del Derecho Internacional Humanitario", ha concluido.
Por su parte, el director de HRW para Asia, Brad Adams, ha señalado que atacar de forma deliberada a la población civil debe ser considerado como un crimen contra la humanidad.
"El doble atentado junto a un centro comercial lleno de gente muestra un feroz desprecio por las vidas humanas", ha indicado Adams.
"El ataque contra el Big C --el centro comercial que ha sido atacado, ubicado en el sur de Tailandia, donde se concentra la insurgencia islamista de la nación asiática-- tiene todas las huellas de la violencia separatista, y los ataques contra la población civil deben ser considerados crímenes contra la humanidad", ha agregado.
Al menos 60 personas han resultado heridas en las explosiones, que han provocado daños además en un centenar de vehículos. La camioneta que se utilizó en el ataque había sido robada el mismo día, y su propietario todavía sigue en paradero desconocido. Segun HRW, se teme por su seguridad.
INSURGENCIA TAILANDESA
HRW ha asegurado que desde que extendieron el alcance de sus ataques armados en enero de 2004, los insurgentes del grupo separatista musulmán Barisan Revolusi Nasional (BRN) han cometido numerosas violaciones en el marco de las leyes de la guerra: el 90 por ciento de entre las 6.800 víctimas del conflicto armado en Tailandia eran civiles de etnias budistas y malayas.
El Derecho Humanitario Internacional prohíbe expresamente cualquier ataque contra civiles o que no discrimine entre personal militar y civil. "Las reivindicaciones de los insurgentes de que los ataques contra civiles son legales porque forman parte del estado budista, o porque su interpretación de la Ley islámica se lo permite, no tiene justificación en virtud del Derecho Internacional", ha señalado HRW.
Si bien la insurgencia tailandesa ha sufrido grandes reveses por parte de las fuerzas de seguridad nacionales en los últimos años, aún mantienen su presencia en cientos de localidades de mayoría musulmana malaya.
En este contexto, HRW ha expresado su "profunda preocupación" por las violaciones del Derecho tanto por parte de las milicias como de las fuerzas de seguridad del Gobierno. "Los asesinatos, las desapariciones forzadas y la tortura no se pueden justificar como represalias por los ataques contra la población budista o el personal de seguridad", ha señalado Adams.
Esta situación, ha alertado la organización, se ha reforzado a causa de la "obstinada cultura de impunidad" ante las violaciones de Derechos Humanos por parte de las fuerzas de seguridad en las provincias del sur del país. "El Gobierno tiene que procesar a cualquier oficial por abusos contra los Derechos Humanos cometidos contra la etnia malaya presuntamente implicada en la insurgencia", ha aseverado.
Por último, la ONG ha subrayado la necesidad de que el Gobierno responda a "estos brutales ataques" manteniendo el "estado de Derecho, poniendo fin a los abusos a manos de sus fuerzas de seguridad y abordando las quejas de la comunidad musulmana malaya".
"Si el Gobierno sigue protegiendo a sus soldados de la responsabilidad criminal, sólo agregará combustible a la violencia extremista", ha concluido Adams.
