El Gobierno argentino lleva al Senado el proyecto de ley para expropiar Aerolíneas Argentinas

 

El Gobierno argentino lleva al Senado el proyecto de ley para expropiar Aerolíneas Argentinas

Actualizado 04/12/2008 19:54:08 CET

BUENOS AIRES, 4 Dic. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -

El proyecto de ley para expropiar Aerolíneas Argentinas y Austral, propiedad del grupo español de turismo Marsans, ingresó esta mañana en la Cámara de Senadores, tras haber sido aprobado ayer por la Cámara de Diputados por amplia mayoría.

La iniciativa será discutida primero en la comisión de Presupuesto, que preside el oficialista Fabián Ríos, y en otras comisiones a determinar, antes de pasar ser discutida en el pleno de la Cámara de Senadores, dentro de dos semanas.

Ríos adelantó que "el Senado va a seguir la misma línea que se siguió en Diputados", donde la iniciativa se aprobó por 152 votos a favor y 84 en contra. El senador oficialista precisó que el proyecto podría ser discutido en el Senado en la sesión prevista para el 17 de diciembre.

El proyecto aprobado por Diputados declara "de utilidad pública" las dos compañías, que controlan el 80 por ciento del mercado doméstico, y que fueron privatizadas durante la década del 90, durante la presidencia del peronista Carlos Menem (1989-1999).

El gobierno argentino y el grupo Marsans firmaron un acuerdo el 17 de julio para la venta de las acciones al Estado, pero la iniciativa no prosperó debido a las diferentes tasaciones realizadas a las dos empresas. El acta preveía que en caso de desacuerdo se debería recurrir a un tercer tasador, pero el secretario de Transporte Jaime, finalmente rechazó esa posibilidad.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación estableció un valor negativo para las dos empresas de unos 800 millones de dólares, mientras que el banco Credit Suisse estableció que el valor de las dos empresas podría llegar hasta unos 500 millones de dólares.

Directivos de Marsans han anunciado que en caso de concretarse la expropiación recurrirán a tribunales nacionales y al CIADI, el tribunal de resolución de controversias que depende del Banco Mundial, para reclamar una indemnización de hasta 1500 millones de dólares.

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