La provincia de Santa Cruz se suma a la de Chubut para exigir mayores inversiones a YPF

Actualizado 03/03/2012 21:57:38 CET

BUENOS AIRES, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La provincia argentina de Santa Cruz (sur) se ha sumado este sábado a las exigencias de la provincia de Chubut, para exigir mayores inversiones a la petrolera YPF, filial de Repsol. Chubut dio ayer un plazo de siete días a YPF para que presente un plan de inversiones "convincente", mientras que Santa Cruz exige a la petrolera que explique en cinco días los motivos de su desinversión en la zona.

El ministro de Economía y Obras Públicas de la provincia de Santa Cruz, Ariel Ivovich, y el presidente del Instituto de Energía, Juan A. Ferreiro, han apelado al presidente de YPF, Sebastián Esquenazi, para que cumpla con "las obligaciones legales y/o contractuales de aplicación en materia de inversiones", recoge la agencia de noticias argentina Télam.

Ivovich y Ferreiro notifican al responsable de YPF que "del relevamiento efectuado por el Instituto de Energía de Santa Cruz, de datos por usted proporcionados en carácter de declaración jurada, surge palmariamente que vuestra representada, ha omitido de manera sistemática efectuar inversión alguna en diversos yacimientos bajo vuestra titularidad".

Las autoridades podrían retirar la concesión de la petrolera en represalia. "Ello bajo apercibimiento de aplicación de las sanciones previstas en el artículo 80, inc "C" de la ley 17.319 el cual prevé: "los permisos y concesiones caducan... c) Por incumplimiento sustancial e injustificado de las obligaciones estipuladas en materia de productividad, conservación, inversiones, trabajos o ventajas especiales".

Las autoridades indicaron que "este ostensible proceso de desinversión implica para la provincia de Santa Cruz y para la Nación Argentina, un perjuicio patrimonial que no estamos dispuestos a tolerar, por ello y en ejercicio del poder de contralor del que nos encontramos investidos, intimamos a usted a someter a consideración del Instituto de Energía, en el plazo perentorio de cinco días, las razones técnicas, económicas y financieras con sus correspondientes probanzas, que llevaron a vuestra representada a incurrir en el grave proceso de desinversión".

Este ultimátum se produce días después de que la presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, aludiese en el Congreso del país al descenso en la producción de YPF desde finales de los años noventa y a la necesidad de garantizar el suministro del país.

El Gobierno argentino asegura que YPF no cumple las inversiones en el país y ha llegado a prohibir las exportaciones de gas de la empresa por una deuda de 8 millones con el fisco. Además, el representante del Estado se negó a participar en la última reunión del consejo de YPF después de que la empresa no dejase entrar a sus acompañantes.

Tras este episodio, la Comisión Nacional de Valores (CNV) argentina declaró la existencia de "irregularidades" y de acuerdos "ineficaces a los efectos administrativos" durante la última reunión del consejo de YPF.

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