Actualizado: jueves, 5 noviembre 2015 14:43

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general de Bahréin, Ahmed al Hammadi, ha anunciado este jueves que cinco personas han sido condenadas a cadena perpetua por "conspirar con Irán" para perpetrar atentados en el país, al tiempo que ha asegurado que se les ha quitado la nacionalidad.

Según las informaciones facilitadas por la agencia estatal bahreiní de noticias, BNA, ha asegurado que los cinco condenados "mantenían comunicación" con Irán y que habían recibido entrenamiento en el uso de armas y explosivos.

Las condenas han llegado apenas un día después de que Bahréin anunciara la detención de 47 personas por su supuesta vinculación con una red terrorista que preparaba "varios ataques terroristas significativos" en un "futuro cercano", según el Ministerio de Interior bahreiní.

"La investigación y las operaciones de vigilancia han revelado que, como en incidentes terroristas previos, los sospechosos tenían estrechas conexiones con organizaciones terroristas en Irán", dijo en su comunicado.

Según el Gobierno, la "violencia patrocinada por Irán busca "perjudicar el progreso y el diálogo" para que Bahréin no logre su "desarrollo político y económico a largo plazo", acusaciones que han sido rechazadas en numerosas ocasiones por Teherán.

El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente durante los dos últimos años las protestas pro democráticas en el territorio. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.

La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.

Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras (RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.

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