Actualizado: jueves, 20 julio 2017 5:26

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Bahréin han imputado cargos por terrorismo a la activista Ebtisam al Sayegh, quien denunció torturas y abusos sexuales a manos de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) durante un arresto previo, según ha indicado la ONG Amnistía Internacional (AI).

En su comunicado, AI ha afirmado que la decisión "supone un duro golpe para los Derechos Humanos en el país", reclamando su liberación "inmediata e incondicional".

"Su único 'crimen' es su valentía a la hora de hacer frente al horrible historial de Derechos Humanos del Gobierno. Al imputarla por terrorismo por su trabajo a favor de los Derechos Humanos, el Gobierno intenta intimidar y silenciar a la sociedad civil de Bahréin", ha dicho la directora de Campañas para Oriente Próximo de la organización, Samah Hadid.

Asimismo, ha alertado de que AI "tiene razones firmes para creer que Al Saegh está en riesgo de sufrir torturas y otros malos tratos", recordando las agresiones y abusos sexuales que sufrió tras ser arrestada en mayo. "Nos preocupa mucho su bienestar", ha agregado.

"Debe haber una crítica pública sobre el deterioro de la situación en Bahréin. El silencio del Gobierno británico, que sigue insistiendo en que Bahréin está en el camino de una reforma a nivel de Derechos Humanos, es ensordecedor y vergonzoso, y parece ser parte del incentivo al Gobierno bahreiní para cometer más violaciones de los Derechos Humanos", ha remachado Hadid.

La detención de Al Sayegh tuvo lugar horas después de que publicara una serie de comentarios en la red social Twitter denunciando los malos tratos sufridos por mujeres a manos de la NSA, responsabilizando al rey de Bahréin, Hamad ibn Isa al Jalifa, de sus acciones.

El país atraviesa un momento de gran tensión, en medio del aumento de la represión contra la oposición por parte de las autoridades, entre ellas la suspensión de partidos opositores y la condena contra líderes de la oposición y activistas.

El 10 de julio, un tribunal condenó a dos años de cárcel al destacado activista Nabil Rayab por "difundir noticias falsas y rumores" en varias entrevistas televisivas que concedió entre 2014 y 2016.

La Fiscalía afirmó que el tribunal sentenció a Rayab, presidente del Centro de Bahréin por los Derechos Humanos (BCHR), al considerar que sus actividades "no están relacionadas con los Derechos Humanos ni con su derecho de expresión y opinión".

Rayab es uno de los activistas más conocidos en el mundo árabe y fue uno de los principales símbolos de las protestas en 2011 a favor la democratización del país, liderada por la mayoría chií y que contó con la participación de sectores liberales de la comunidad suní.

AUMENTO DE LAS TENSIONES EN BAHRÉIN

Recientemente, aprobó modificar la Constitución para permitir que los civiles sean juzgados por tribunales militares. La última vez que tribunales militares juzgaron a civiles en el país fue tras las protestas prodemocráticas de 2011, cuando cerca de 300 personas fueron condenadas por crímenes políticos.

Asimismo, el Gobierno anunció en enero la restauración de la autoridad para llevar a cabo detenciones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), dando marcha atrás en una de las recomendaciones de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin (BICI) que había aplicado tras las protestas prodemocráticas iniciadas en 2011.

Bahréin, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas de 2011. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de ese año, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.

La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.

Desde el inicio de las manifestaciones, cientos de personas han sido condenadas a penas de cárcel por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, así como por participar en manifestaciones o disturbios.