RANGÚN, 13 Abr. (Reuters/EP) -
El Gobierno de Birmania ha expresado este viernes su "seria preocupación" por las medidas emprendidas por la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) para investigar los supuestos abusos sufridos por los musulmanes rohingya, que han huido en masa a Bangladesh --casi 700.000 refugiados-- desde agosto de 2017.
Pese a que desde la ONU se ha llegado a hablar hasta de "limpieza étnica" contra los rohingyas, las autoridades birmanas han negado siempre las acusaciones y han defendido como legítima la ofensiva de seguridad emprendida en el estado de Rajine.
El lunes, la fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, pidió a la corte que dictamine si su oficina tiene jurisdicción para analizar las supuestas deportaciones. En caso afirmativo, se abriría la puerta a la apertura de una investigación por posibles crímenes contra la Humanidad.
La principal duda en materia jurisdiccional tiene que ver con el hecho de que, aunque Bangladesh, país destino de los rohingya, sí ha firmado el Estatuto de Roma que da forma al TPI, Birmania no. La oficina de Bensouda alega que, al tratarse de un delito de naturaleza transfronteriza, sí es posible analizarlo.
El Gobierno birmano ha respondido a la petición de la Fiscalía del tribunal de La Haya en un comunicado en el que ha expresado su "seria preocupación", puesto que "en ningún lugar del estatuto del TPI se dice que la corte tenga jurisdicción sobre países que no han aceptado dicha jurisdicción".
Asimismo, ha subrayado que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscrita en Viena en el año 1969, establece que "no se puede imponer ningún tratado a un país que no lo ha ratificado".
Para el Gobierno de Birmania, Bensouda intenta saltarse "el principio de la soberanía nacional y de la no injerencia en asuntos internos" e ir en contra no solo de los protocolos del TPI, sino también de la carta fundacional de Naciones Unidas.
