El defensor del pueblo de Bolivia dice que EEUU protege al ex presidente Sánchez de Lozada

Actualizado 10/02/2007 0:45:31 CET

LA PAZ, 9 Feb. (EP/AP) -

El defensor del Pueblo de Bolivia, Waldo Albarracín, aseguró que el Gobierno de Estados Unidos protege al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, porque las autoridades de ese país "subestiman a la justicia boliviana".

"Lo que nosotros advertimos es una actitud elegantemente protectiva (de EEUU) hacia Sánchez de Lozada porque piensan que el ex presidente no tendrá un juicio imparcial en Bolivia", dijo Albarración este viernes a AP.

El ex presidente que actualmente vive en Estados Unidos tiene un juicio de responsabilidades pendiente por la muerte de 60 personas, pero el proceso no ha podido avanzar porque las autoridades judiciales estadounidenses no le han notificado aún la demanda.

Albarracín reveló que un anterior embajador de Estados Unidos le dijo que la "llegada de Sánchez de Lozada provocaría una presión social y gubernamental hacia Corte Suprema" que debe procesar y sentenciar a los acusados.

El actual embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, declaró este miércoles que el ex mandatario reside legalmente en su país y aseguró que el asunto no es político sino jurídico.

Hace dos semanas la Corte Suprema publicó un edicto en el que declara a Sánchez de Lozada en "rebeldía" y pide su "aprehensión" para declarar.

Según informes de Albarracín, la publicación de la orden de detención en un diario de Estados Unidos tiene un costo de 30.000 dólares (23.062 euros).

"El problema de fondo no es el costo de la publicación ni la falta de dinero sino la voluntad para cooperar con la llegada del acusado a Bolivia, y eso es lo que no vemos", dijo.

El juicio contra el ex mandatario alcanza a sus ex ministros, dos de los cuales viven también en Estados Unidos.

Sánchez de Lozada ordenó la salida de los militares para restablecer el orden público en las calles de La Paz y en El Alto que habían sido tomadas por miles de enardecidos manifestantes en una crisis que comenzó en septiembre de 2003.

La decisión de su Gobierno de romper un bloqueo que impedía la llegada de combustible a esta ciudad provocó la muerte de 60 personas y dejó heridas a un centenar. El ex mandatario tuvo que renunciar al cargo y se refugió en el citado país norteamericano.

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