Una ex asesora gubernamental asegura que 170 diputados están implicados en un caso de corrupción

Actualizado 10/05/2006 22:42:30 CET

BRASILIA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La ex asesora del Ministerio brasileño de Salud Maria da Penha Lino, arrestada desde el pasado viernes en el marco de una operación contra la corrupción, ha acusado a 170 diputados brasileños, un tercio de la Cámara Baja, de participar en un caso de fraudes en la compra y venta de ambulancias y equipamientos médicos. Da Pencha, detenida junto a otras 46 personas en una operación contra la corrupción efectuada por la Policía Federal, proporcionó esta información a cambio de beneficios ante una posible pena. Según la ex asesora, decidió dar a conocer los nombres de los 170 legisladores implicados por desavenencias con la empresa Planam, que comercializa equipamientos médicos, para la que también trabajaba.

Según su abogado, en una extensa y detallada declaración entregada a la Policía Federal y al Ministerio Público Federal, la ex asesora reveló que estos parlamentarios participaban en el fraude dedicando presupuestos oficiales a la compra de ambulancias y recibiendo a cambio entre el 10 y el 15% del valor del presupuesto como 'propina'. En total, se habrían obtenido de esta manera 110 millones de reales (cerca de 42 millones de euros).

El abogado aseguró que en los próximos días, Da Penha proporcionará una relación detallada a las autoridades con la participación de los parlamentarios a los que ha acusado de fraude. Entre ellos se encuentran diputados de varios partidos políticos.

Según explicó la ex asesora, el dinero llegaba a los despachos, en el edificio del Congreso, dentro de maletas, y era introducido en la ropa interior del dueño de Planam, Darci Vedoin, y su hijo y socio Luis Antonio. Da Penha sostuvo que el esquema del fraude se concentraba en la Cámara de los Diputados y desmintió la responsabilidad de los asesores de los parlamentarios que han sido detenidos.

La trama conocida como 'la mafia de las ambulancias' suministró un millar de estos vehículos a 70 municipios a través de un esquema de influencias operado por asesores parlamentarios, funcionarios y empresarios que desviaron unos 50 millones de dólares. Sin embargo, la Policía Federal sospecha que además del negocio de las ambulancias sobrefacturadas, el grupo pudo haber actuado también en las reformas de los hospitales y la ejecución del programa de inclusión digital operado en esos centros.

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