BRUSELAS, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha amenazado este miércoles al Gobierno húngaro de Viktor Orban con la posibilidad de demandar al país ante el Tribunal de Justicia Europea (TUE) por su ley que restringe la financiación extranjera de ONG de forma "discriminatoria y desproporcionada" si en el plazo de un mes no aprueba las medidas necesarias para resolver sus preocupaciones.
El Ejecutivo comunitario abrió un procedimiento de infracción contra Hungría por su polémica ley sobre ONG el pasado 14 de julio y ha enviado un dictamen motivado este miércoles al Gobierno húngaro --el segundo y último paso de un procedimiento de infracción antes de llevar a un país ante la justicia europea-- tras concluir que "sus preocupaciones graves no se han resuelto" tras estudiar las explicaciones que le dio en agosto.
"Hungría tiene ahora un mes para tomar las medidas necesarias para cumplir con el dictamen motivado. Si Hungría no responde de manera satisfactoria, la Comisión podría referir el caso al Tribunal de Justicia de la UE", ha advertido el Ejecutivo comunitario.
El Ejecutivo comunitario, que ha mantenido fuertes roces con el Gobierno de Orban en los últimos tiempos por su negativa a cumplir con las cuotas pactadas para acoger a refugiados y más recientemente por su reforma educativa para cerrar la Universidad Centroeuropea de George Soros, teme en el caso de su polémica ley sobre las ONG que incumpla las normas sobre el libre movimiento de capitales debido a sus disposiciones "que indirectamente discriminan y restringen desproporcionadamente las donaciones desde el extranjero a organizaciones de la sociedad civil".
Bruselas también cree que Hungría "viola el derecho a la libre asociación y al derecho a la protección de la vida privada y de los datos personales" consagrados en la Carta Europea de Derechos Fundamentales en este caso.
El Gobierno húngaro dio luz verde a una nueva normativa en junio que abría la puerta a sancionar a ONG que no se registraran como "organizaciones apoyadas desde el exterior" si reciben donaciones desde fuera superiores a los 24.000 euros anuales y no informan al Gobierno de las mismas.
