Bruselas da tres meses a Polonia para cumplir sus recomendaciones para respetar el Estado de Derecho

Actualizado 27/07/2016 17:48:34 CET

BRUSELAS, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha dado un paso más en el proceso abierto a Polonia por vulnerar el Estado de Derecho con la adopción de recomendaciones concretas para responder a sus preocupaciones por su polémica reforma que recorta los poderes del Tribunal Constitucional, a pesar de los últimos cambios introducidos, y le ha dado un plazo de tres meses para que las cumpla.

El vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha justificado las recomendaciones concretas a Polonia tras admitir que "las principales cuestiones que amenazan al Estado de Derecho en Polonia no han sido resueltas", a pesar de las discusiones entre ambas partes desde principios de año para tratar de resolver la disputa.

"Si el Tribunal Constitucional no puede ejercer su función por la intervención del poder ejecutivo y el legislativo, entonces tenemos un problema y es un problema que estamos intentando resolver" en Polonia, ha admitido en rueda de prensa, en la que ha insistido en la necesidad de garantizar la independencia judicial, algo que es "clave" para el Estado de Derecho.

"Nuestra conclusión es que las preocupaciones fundamentales todavía están sin resolver. Esta nueva ley no abordar la amenaza al Estado de Derecho en Polonia", ha explicado en rueda de prensa en alusión a la nueva ley que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional aprobada el 22 de julio por el Parlamento polaco.

Timmermans ha admitido que "algunos cambios van en la buena dirección" en la nueva ley especialmente la eliminación del requisito de que las decisiones del Constitucional se deban aprobar por mayoría de dos tercios.

"Sin embargo, cuestiones clave como la publicación y ejecución de las sentencias y el nombramiento de los jueces siguen sin resolverse. Además, nuevas disposiciones problemáticas han sido introducidas", ha explicado, insistiendo en que el Tribunal Constitucional todavía no puede garantizar "plenamente" la revisión constitucional, algo que "afecta negativamente su integridad, estabilidad y funcionamiento adecuado".

El Ejecutivo comunitario ha dejado claro que sigue abierto al "diálogo constructivo" con el Gobierno de Varsovia pero ha avisado de que si el país no responde de forma satisfactoria a sus reclamaciones dentro del plazo fijado podrá recurrir al artículo 7 del Tratado europeo, que llegado el caso podría llevar a suspender su capacidad de voto en la UE.

"Ahora invitamos a las autoridades polacas a que tomen acción para resolver estas preocupaciones e informen a la Comisión de los pasos que dan en tres meses", ha subrayado Timmermans, que ha dejado claro que el proceso lanzado contra Polonia tiene "un papel preventivo" y que el objetivo sigue siendo que resuelvan "rápida y eficazmente" sus preocupaciones para preservar el Estado de Derecho en el país.

El Gobierno polaco ha criticado que las acciones de la Comisión antes de la entrada en vigor de la nueva ley sobre el Tribunal Constitucional "son definitivamente prematuras" y con ellas "corre el riesgo de perder la autoridad necesaria para llevar a cabo sus funciones descritas en los Tratados" europeos en un comunicado del Ministerio de Exteriores.

Respecto a las recomendaciones concretas, la Comisión pide a las autoridades polacas ejecuten las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el nombramiento de los jueces y que los tres jueces nombrados de forma ilegítima por el Parlamento anterior no asuman su función y que publiquen y ejecuten las sentencia del Tribunal del 9 de marzo que dictaminó que la ley previa sobre el Tribunal Constitucional era inconstitucional y sus sentencias subsiguientes.

También le pide que publique de forma automática las sentencias del Tribunal Constitucional y que cualquier reforma del tribunal respete sus sentencias y tengan en cuenta la opinión de la Comisión de Venecia, así como que el tribunal pueda revisar la compatibilidad de la nueva ley aprobada el 22 de julio sobre su funcionamiento antes de su entrada en vigor.