Publicado: miércoles, 24 enero 2018 16:47

BRUSELAS, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha instado a los gobiernos europeos a acelerar los cambios normativos a fin de poder aplicar a tiempo las nuevas normas que refuerzan la protección de datos personales, adoptadas en 2016 y que entrarán en vigor el próximo 25 de mayo.

"Los gobiernos de la UE deben modificar sus normativas actuales y hasta ahora sólo dos, Alemania y Austria, han finalizado este proceso (...) Apelo a todos los gobiernos de la UE a trabajar en esto lo antes posible y estar listos antes del 25 de mayo", ha reclamado en rueda de prensa la comisaria de Justicia, Vera Jourová, que ha subrayado la prioridad de mantener "la consistencia" en las normas en los diferentes Estados miembro o de lo contrario la directiva de protección de datos general "perderá su propio valor y fuerza".

Las nuevas normas garantizarán nuevos derechos para los ciudadanos, incluido su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales y también reforzarán su derecho de información y al olvido y garantizarán "los estándares de protección de la privacidad de la gente más elevados" a nivel global.

Además, las normas obligarán a las compañías a informar a la Autoridad de Protección de Datos de casos de violación de datos personales que ponen a la persona en situación de riesgo en un plazo de 72 horas como máximo.

"Uber no informó de la violación de datos personales en 2016 de casi 60 millones de personas durante más de un año", ha recordado la comisaria, que también ha alertado del riesgo de que casos como el de la muñeca Cayla que pueden "espiar" a los niños se "multiplicará en el futuro" por el aumento de los juguetes conectados.

"Hay obviamente nuevos riesgos de violación de datos, hackeo o el robo de identidad", ha recordado Jourová, que ha justificado la necesidad de actualizar la actual normativa, que data de 1995, es decir, "la prehistoria" teniendo en cuenta que los datos personales se han convertido en "la espina dorsal" del negocio de muchas empresas y que se espera que el tráfico global de datos se multiplique por diez en 2025, muchos de los cuáles son datos personales como nombres, direcciones, fotos, correos electrónicos, post en medios sociales o datos bancarios o médicos.

Las nuevas normas darán "nuevos poderes" además a las autoridades nacionales competentes de la protección de datos, incluido para poder imponer multas de hasta 20 millones o el 4% del volumen de ingresos anuales globales en caso de una compañía que incumpla las normas, ha recordado.

"Los Estados miembro deben garantizar la independencia plena de las autoridades de protección de datos y recursos suficientes", ha subrayado la comisaria, que ha recordado que los "nuevos poderes" que asumen implican "más responsabilidades", aunque ha admitido que las multas deberán imponerse de forma "proporcionada".

Las nuevas normas garantizarán "una ley unificada en toda la UE", lo que garantizará el mismo nivel de protección de datos para los ciudadanos en toda la UE y se aplicarán las mismas normas a todas las compañías que ofrecen servicios, incluido aquellas radicadas fuera de la UE. "La normativa facilitará que las compañías hagan negocios en toda la UE", ha resumido.

DIRECTRICES Y WEB PARA FACILITAR LA APLICACIÓN

El Ejecutivo comunitario ha presentado directrices y ha lanzado una web para ayudar a las Administraciones y a las empresas para dar a conocer las nuevas normas y facilitar su cumplimiento. "No son una revolución, son una evolución", ha recalcado.

Al ser preguntada si no teme que muchas pequeñas empresas no estén en condiciones de poder cumplir la normativa en el plazo previsto, la comisaria ha recordado que las empresas "con menos de 250 empleados" no tendrán que mantener ya el registro de sus actividades de procesamiento de datos personales a menos que sean la parte "central" de su negocio o traten datos "sensibles" o que presenten "riesgos" especiales.

El Ejecutivo comunitario movilizará 1,7 millones de euros para las autoridades de protección de datos, incluido para formación y otros dos millones para ayudar a las autoridades nacionales a ayudar a las empresas, especialmente las pymes, a aplicar las nuevas normas.

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