Un policía camerunés junto a refugiados nigerianos en Minawao
JOE PENNEY / REUTERS
Actualizado: miércoles, 24 mayo 2017 20:08

YAUNDÉ, 24 May. (Reuters/EP) -

Las fuerzas de seguridad de Camerún han impedido que varios representantes de Amnistía Internacional dieran una rueda de prensa este miércoles para exigir la puesta en libertad de tres jóvenes estudiantes que fueron encarcelados en 2015 por compartir una broma en redes sociales.

Una decena de uniformados han clausurado la sala de conferencias del hotel de Yaundé donde estaba programada la rueda de prensa, según ha informado AI en un comunicado. El Gobierno de Camerún ha confirmado que ha impedido la celebración de la rueda, ya que suponía una "amenaza para el orden público".

Múltiples grupos de defensa de los Derechos Humanos han criticado la enorme campaña de represión que está llevando a cabo el presidente camerunés, Paul Biya, contra los disidentes de su Gobierno. Hace varios meses se produjeron importantes manifestaciones en la región de Anglophone que acabaron desencadenando graves disturbios.

Las autoridades despejaron la manifestación y encarcelaron a decenas de participantes. El Gobierno ordenó el cierre de Internet durante tres meses como castigo.

AI tenía planeado presentar este miércoles más de 310.000 cartas y peticiones en contra del arresto y condena de Fomusoh Ivo, Afuh Nivelle Nfor y Azah Levis Gob por compartir a través de mensajes de texto una broma sobre lo estrictos que son los requisitos para formar parte del grupo terrorista Boko Haram, que ha cometido varios ataques suicidas en los últimos años en Camerún.

"Boko Haram recluta a gente joven a partir de 14 años. Condiciones para ser reclutados: haber aprobado cuatro asignaturas de secundaria, incluida religión", decía el mensaje, que hace referencia a una broma popular sobre lo difícil que es encontrar trabajo en Camerún.

Uno de los profesores de los jóvenes descubrió el mensaje y lo denunció a la Policía. Los jóvenes fueron arrestados y encarcelados en enero de 2015. En noviembre de 2016 fueron condenados por "la no-denuncia de actos terroristas" y sentenciados a 10 años de prisión.

"Si una manifestación es una amenaza contra el orden público, las autoridades tienen derecho a prohibirla. Eso es lo que se ha hecho con la rueda de prensa de Amnistía Internacional", ha declarado la ministra de Comunicaciones del país, Issa Tchiroma.

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