MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -
China, el único país de los 47 estados miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que ha alabado la labor del Gobierno filipino en el marco de su denominada 'guerra contra las drogas', ha pedido a la comunidad internacional que respalde la campaña del presidente, Rodrigo Duterte, para poner fin al narcotráfico en el país.
Apenas unas horas después de que el Consejo emitiera su lista de recomendaciones --con 257 sugerencias, una cifra récord-- a Filipinas, centradas en los asesinatos extrajudiciales llevados a cabo en la lucha de Duterte contra las drogas en el país, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang, ha emitido un comunicado recordando la "soberanía" de Filipinas.
"Las drogas son un enemigo común para todos los seres humanos, que llevan dolor a muchos países desarrollados, entre ellos China", ha indicado, en una rueda de prensa celebrada el jueves por la noche. "China apoya al presidente Duterte y al Gobierno de Filipinas en su lucha contra los delitos relacionados con las drogas, conforme a la ley", ha agregado, según recoge el diario 'The Philippine Star'.
"Y esperamos que la comunidad internacional pueda respetar la soberanía judicial de Filipinas y apoye sus esfuerzos por luchar contra los delitos relacionados con el narcotráfico a través de la cooperación", ha añadido.
Por último, ha pedido a los países que integran el consejo que sean "objetivos" a la hora de revisar los historiales de Derechos Humanos del resto de países del mundo.
El pasado lunes, el senador filipino Alan Peter Cayetano --designado esta semana como nuevo ministro de Asuntos Exteriores-- presentó en Ginebra (Suiza) un documento con el que buscaba rebajar la preocupación internacional por el historial de Derechos Humanos en el país.
Sin embargo, los representantes de 45 de los 47 países integrantes del Consejo no han quedado convencidos con la postura del Gobierno de Duterte y han presentado una serie de recomendaciones, principalmente dirigidas a pedir que se ponga fin a los asesinatos en el marco de la 'guerra contra las drogas' y a que se retire el plan para restablecer la pena de muerte en el país.
Sólo dos de los 47 países no han sido tajantes con el Gobierno de Duterte: además de China, que ha alabado al país por sus "extraordinarios logros en la protección de los Derechos Humanos", Arabia Saudí, que preside el consejo, se ha abstenido de firmar el documento.
Entre los países firmantes, España ha subrayado que es necesario que Filipinas establezca los mecanismos necesarios para erradicar las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias que se llevan a cabo en el país y para llevar a los responsables ante la Justicia.
Asimismo, le ha pedido que intensifique sus esfuerzos para erradicar el uso de la tortura y los tratos inhumanos y degradantes.
Si bien la práctica totalidad de los países se han centrado en las ejecuciones de la 'guerra contra las drogas', la pena de muerte y la trata de seres humanos, algunos otros --entre ellos Francia, Alemania, Ghana, Hungría y Letonia-- han recomendado que acepte "incondicionalmente" la visita de la relatora especial sobre Asesinatos Extrajudiciales, Agnes Callamard, y que coopere "completamente" con ella.
El pasado mes de diciembre, el Gobierno de Filipinas decidió cancelar un viaje de la relatora, relacionado con la preocupante cifra de muertos en el marco de su conocida como 'guerra contra las drogas'.
El entonces ministro de Asuntos Exteriores de Filipinas, Perfecto Yasay, explicó que la decisión de cancelar la visita de Callamard respondía a su negativa a aceptar las condiciones impuestas por el Ejecutivo de Duterte para la celebración del mismo.
REVISIÓN DE RECOMENDACIONES
Filipinas tiene hasta la próxima sesión del consejo, que se celebra en septiembre de este mismo año, para presentar su posición oficial a las recomendaciones formuladas por el bloque de países.
El subdirector de la secretaría del departamento de Duterte, Menardo Guerrada, ha asegurado que el Gobierno tratará de explicar "las razones subyacentes" de la campaña de la 'guerra contra las drogas', señalando que el objetivo principal de la misma es "proteger los Derechos Humanos" de la mayor parte de los filipinos, que "pueden sufrir las oscuras consecuencias del abuso de drogas ilegales".
No obstante, ha asegurado que la comisión de Derechos Humanos de la Presidencia "revisará" y "determinará las medidas a tomar" con respecto a las "numerosas recomendaciones" presentadas, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Reuters.
Por su parte, el portavoz del consejo, Rolando Gómez, ha reconocido que "la comunidad internacional ha enviado un fuerte mensaje al Gobierno de Filipinas".
