La CIJ ordena a Nicaragua pagar a Costa Rica casi 380.000 dólares por daños ambientales

Soldados de Nicaragua en el río San Juan, frontera con Costa Rica
HO NEW / REUTERS
Actualizado 02/02/2018 21:04:24 CET

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha reconocido este viernes las aspiraciones de Costa Rica sobre los territorios en disputa de Isla Calero y el norte de Isla Portillos, en la frontera con Nicaragua, y ha ordenado al Gobierno de Daniel Ortega que retire a sus militares de la zona.

El tribunal de La Haya ha ratificado que Isla Calero es territorio costarricense, como ya declaró en un fallo anterior de 2015, y ha aclarado que la soberanía alcanza también la costa norte, un área de unos dos kilómetros comprendida entre la laguna de Los Portillos --Habour Head, en Nicaragua-- y la desembocadura del río San Juan.

La CIJ se ha pronunciado asimismo sobre el norte de Isla Portillos, zona que reivindicaban ambos países. "Toda la zona norte, incluida la costa", pertenece a Costa Rica, ha indicado. No obstante, ha concedido un pequeño reducto a Nicaragua: Harbour Head.

En consecuencia, el alto tribunal ha ordenado a Nicaragua que desmantele la base militar que instaló en el norte de Isla Portillos y que evacue a todo su personal. Este despliegue de efectivos fue precisamente lo que originó la demanda de San José, a la que Managua contestó con otra demanda sobre límites marítimos.

Además de este litigio territorial, la CIJ ha resuelto este viernes sobre la cantidad que Nicaragua debe pagar a Costa Rica por los daños causados con sus "actividades ilegales" en la frontera común, algo que quedó pendiente en el fallo de 2015.

Nicaragua tendrá que desembolsar un total de 378.890,59 dólares, de los cuales 358.740,55 corresponden a la indemnización en sí misma y 20.150,04 a los intereses devengados, con una tasa del cuatro por ciento, desde el 16 de diciembre de 2015 (fecha del dictamen anterior) y el 2 de febrero de 2018.

La CIJ ha precisado en el desglose que 236.032,16 dólares son por "los gastos en los que incurrió Costa Rica como consecuencia directa de las actividades ilegales de Nicaragua en el norte de la Isla Portillos", 120.000 por el daño ambiental provocado con la construcción de tres caños y otros 2.708,39 por los costes de reparación de los mismos.

En concreto, el panel de 15 jueces ha constatado que el desmonte de 300 árboles y de 6,19 hectáreas de vegetación "impactó significativamente el lugar", especialmente en los humedales, que gozan de protección internacional por su biodiversidad.

El tribunal internacional ha advertido a Nicaragua de que, si ni paga puntualmente, algo para lo que ha dado de plazo al país hasta el 2 de abril, tendrá que hacer frente a un interés adicional del seis por ciento.

UN TRIUNFO PARCIAL

El presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, ha calificado de "histórico" este fallo. No solo "tiene alcances políticos de primer nivel", sino además "significación económica", ha explicado en una rueda de prensa desde San José, porque "Nicaragua ya había vendido los bloques petrolíferos que están en territorio costarricense".

Sin embargo, el ministro de Exteriores de Costa Rica, Manuel González, ha admitido a la prensa local que la sentencia de la CIJ "no cumple las expectativas" porque el país reclamaba a Nicaragua 6,7 millones de dólares, si bien ha subrayado que el montante fijado es casi el doble de los 188.000 dólares que ofrecía el Gobierno de Daniel Ortega.

El agente nicaragüense en la CIJ, Carlos Argüello, también ha leído el dictamen como "un triunfo total y absoluto". Argüello ha incidido en que Costa Rica no ha conseguido demostrar los gastos en los que habría incurrido por las actividades nicaragüenses.

El Gobierno de Ortega, por su parte, ha emitido un escueto comunicado en el que celebra la "gran derrota de Costa Rica" en lo que concierne al litigio económico, si bien no ha hecho referencia a la cuestión territorial.

González ha celebrado que, en cualquier caso, se trata de un fallo "inapelable" y por eso ha confiado en que Nicaragua aproveche esta "oportunidad" para "reconstruir la confianza entre ambos países".

La disputa sobre la línea fronteriza entre ambas naciones centroamericanas existe desde un tratado de 1858 que intentó delimitar su territorio después de la independencia de España y México.