CIUDAD DE MÉXICO, 20 Sep. (Reuters/EP) -
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México ha acusado este miércoles a las tropas y policías mexicanos de cometer dos ejecuciones extrajudiciales mientras se enfrentaban a presuntos ladrones de gasolina en el estado central de Puebla en mayo de 2017.
Un informe de la CNDH ha señalado que la Policía y las tropas manipularon la escena colocando armas de fuego de alto calibre al lado de los cuerpos. Otras ocho personas murieron y 13, entre ellas cuatro menores, fueron detenidas con fuerza excesiva, según el informe.
El Ejército ha asumido algunas de las obligaciones de la Policía en México durante más de una década, trabajando para luchar contra el aumento de la violencia por drogas que ha contribuido a un récord de 31.000 homicidios en 2017. Sus mayores responsabilidades han coincidido con las acusaciones de violaciones de Derechos Humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, secuestros y torturas.
"Como resultado de su investigación, la CNDH tiene pruebas para demostrar violaciones graves a los Derechos Humanos y la libertad personal", ha afirmado el grupo sobre las muertes registradas en Puebla.
La CNDH halló previamente que las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en la muerte de cuatro personas en el estado de Tamaulipas en 2014, y que los soldados ejecutaron arbitrariamente a dos personas tras una redada ilegal en 2016.
"Este caso es un ejemplo más de cómo el Ejército mexicano viola los Derechos Humanos", ha manifestado Amnistía Internacional en un comunicado en respuesta al informe de la CNDH. "Es hora de que las Fuerzas Armadas vuelvan a sus cuarteles", ha aseverado.
La CNDH ha llamado a la Fiscalía General mexicana investigar la situación y ha asegurado que los funcionarios nacionales y estatales deberían proporcionar indemnizaciones a las víctimas, además de asistencia médica y psicológica.
En el informe, la organización también ha solicitado al gobernador de Puebla que implemente políticas para combatir la criminalidad y que trabaje en la coordinación con otros ayuntamientos de la zona para atender sus problemas relacionados con el desempleo, la prevención del delito y la violación de Derechos Humanos, entre otras cosas.
El año pasado, el Congreso de México aprobó una polémica ley de seguridad que establecería las normas bajo las cuales las Fuerzas Armadas pueden operar en la batalla contra el crimen organizado. La ley fue fuertemente criticada por opositores que temen que podría abrir la puerta a más abusos.
El presidente saliente de México, Enrique Peña Nieto, aseveró que la ley no se implementará hasta que no sea revisada por el Tribunal Supremo.
