Colombia celebra este domingo una consulta popular sobre un paquete anticorrupción

Campaña anticorrupción en Colombia
REUTERS / LUISA GONZALEZ
Publicado 25/08/2018 8:59:41CET

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Colombia celebra este domingo una consulta popular sobre siete medidas contra la corrupción, gracias a la iniciativa de dos legisladoras del partido ecologista Alianza Verde que consiguieron hacerse escuchar a pesar del ruido de la campaña electoral y del proceso de paz.

Las artífices son la diputada Angélica Lozano y la senadora Claudia López, que entre enero y julio recogieron más de cuatro millones de firmas superando así el umbral del 5 por ciento que establece la ley colombiana para impulsar una consulta popular.

La cámara alta dio su visto bueno el 5 de junio en una votación que se resolvió con 84 votos a favor y cero en contra. A López se le saltaban las lágrimas. "Perdónenme la emoción, pero han sido meses de trabajo, años de trabajo", dijo a los periodistas.

En un último trámite, el presidente saliente, Juan Manuel Santos, firmó el decreto emanado del Senado. Su sucesor, Iván Duque, que tomó posesión del cargo el 7 de agosto, será quien gestione la consulta popular. "La voy a votar porque aquí se trata de unir esfuerzos", ha avanzado.

El nuevo presidente de Colombia se ha desmarcado así de su mentor, el ex presidente Álvaro Uribe, que ha renegado de esta consulta popular abogando por votar en el Congreso una a una las medidas anticorrupción que proponga el Gobierno de Duque.

SIETE PREGUNTAS

El plebiscito constará de siete preguntas que, en el caso de ser aprobadas, el Congreso tendrá que convertir en ley en el plazo máximo de un año. La mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria se han mostrado dispuestos pero, si la cosa se complica, podrán adoptar la forma de decreto presidencial.

La medida más fuerte es la que propone "que las personas condenadas por corrupción (...) deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidad de reclusión especial, y que el Estado pueda dar por terminados los contratos con ellas, sin que haya lugar a indemnización ni posibilidad de volver a contratar".

Para controlar el patrimonio de los cargos electos, propone hacer públicas sus declaraciones de bienes como requisito para tomar posesión, "incorporando la facultad de iniciar de oficio investigaciones penales". Además, el sueldo de los congresistas y altos funcionarios del Estado quedaría reducido, pasando de 40 a 25 salarios mínimos, unos 5.000 euros.

Una vez en su escaño, tendrán que "rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de 'lobbistas', proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos".

Habrá "un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado, la Cámara de Representantes, las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y las Juntas Administradoras Locales".

Para garantizar una contratación pública transparente, será obligatorio que "todas las entidades públicas y territoriales usen pliegos tipo que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes".

En la misma línea, otra pregunta propone "establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución".

EL RETO DE LA ABSTENCIÓN

El espíritu anticorrupción que alimenta esta consulta popular puede quedar frenado por los elevados requisitos que dicta la legislación colombiana para que las medidas propuestas queden aprobadas.

Así, es necesaria una participación mínima del 33,3 por ciento del censo electoral, cifrado en unos 36 millones de personas, por lo que deberán acudir a las urnas al menos 12 millones de votantes para que el resultado sea válido.

En las últimas elecciones presidenciales, que son las que más número de votantes movilizan, solo participaron 19,5 millones de personas, según datos oficiales.

Además, cada pregunta deberá obtener más del 50 por ciento de los sufragios para considerar ganador el 'sí', es decir, unos seis millones de votos favorables.

A pesar de estas barreras legales, López confía en que el referéndum de este domingo será un éxito. "Los colombianos vamos a castigar a la clase política, a obligarla con nuestro voto a autoreformarse", ha dicho.

De acuerdo con datos de la Contraloría General, la corrupción le cuesta a Colombia 50.000 millones de pesos al año (unos 14.000 millones de euros).

Tanto el nuevo Gobierno como la oposición de centro-izquierda coinciden en que la corrupción es un "cáncer" a extirpar, especialmente ahora que el país avanza hacia el postconflicto, un complejo proceso que requerirá tiempo y dinero.

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