Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 24/08/2010 17:20
La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, por sus siglas en inglés) está "profundamente preocupada por el trato que reciben actualmente los inmigrantes gitanos en Francia", según ha hecho saber en un comunicado este organismo dependiente del Consejo de Europa, advirtiendo de que las expulsiones no son una "respuesta duradera".
En un informe publicado en junio pasado, la ECRI ya había pedido a las autoridades francesas que "combatieran las actitudes racistas y la hostilidad de la población mayoritaria contra esta comunidad".
En opinión del organismo, las declaraciones recientes por políticos y responsables gubernamentales ha contribuido a "estigmatizar a los inmigrantes gitanos", a los que "se considera responsables colectivamente de delitos criminales". "La ECRI no puede sino mostrar su decepción por este hecho negativo", afirma el comunicado.
Pese a que en 2005 la ECRI ya había recomendado a Francia que garantizar los derechos sociales de los gitanos a vivienda, sanidad y educación, "en 2010 estas personas todavía viven en condiciones miserables en campamentos improvisados".
"Una política basa en las expulsiones y los 'incentivos' para abandonar Francia, incluso asumiendo que se cumplen los estándares pertinentes en materia de Derechos Humanos, no puede aportar una solución duradera", ha advertido este organismo europeo, independiente de la UE.
"Aunque Francia puede imponer controles de seguridad de acuerdo con sus obligaciones internacionales, la ECRI desea recordar que los ciudadanos de la UE tiene el derecho de estar en territorio francés por determinados periodos de tiempo y a regresar allí", subraya el comunicado, recalcando que "en estas circunstancias, Francia debería buscar soluciones sostenibles en cooperación con los estados socios y las instituciones".
Por último, incide en que el sentimiento antigitano "es una forma particular de racismo y debería ser combatido de forma efectiva en todos los países europeos". "Las políticas gubernamentales o las propuestas legislativas que están basadas en la discriminación sobre bases étnicas son intolerables y van contra las obligaciones legales vinculantes de todos los estados miembros del Consejo de Europa", concluye la ECRI.