EL CAIRO, 26 Nov. (Reuters/EP) -
Una comisión egipcia que investiga los crímenes de violencia política y que ha indagado, con el apoyo judicial, en las tácticas de "mano dura", y ha recomendado este miércoles al Gobierno que relaje la ley que restringe las manifestaciones.
La investigación ordenada por el Gobierno se centra en las acciones violentas realizadas después de que el Ejército derrocase al entonces presidente, Mohamed Mursi, en julio de 2013 y reprimiese a sus defensores, Hermanos Musulmanes.
El informe señala los descubrimientos de un equipo elegido por el Gobierno, acusando de la violencia surgida en los lugares de manifestación a Hermanos Musulmanes, que mantiene que sólo utiliza métodos pacíficos, mientras señala como responsable del desproporcionado uso de la fuerza a la Policía.
Pero en un extraño cambio, el informe propugna cambios en una ley que ha sido utilizada para encarcelar a los principales líderes de las revueltas de la plaza Tahrir en 2011 que expulsaron del poder a Hosni Mubarak.
El informe señala a la ley, que restringe la libertad de manifestación, como defectuosa, citando "castigos inapropiados", como el derecho del Ministerio de Interior de prohibir cualquier protesta pacífica o la aplicación artículos que violan la Constitución. "Existe la necesidad de crear una comisión de expertos para recosiderar la ley", aconseja.
El Gobierno no está obligado a cumplir ninguna de las recomendaciones de la comisión, pero el informe puede ser utilizado como base legal para futuros casos.
El Ejército mató a cientos de personas en la calle y arrestó a otras miles tras la caída de Mursi y, desde entonces, los ataques de la creciente insurgencia islamista han acabado con la vida de más de 500 personas, la mayoría políticos y soldados, de acuerdo con las fuentes gubernamentales.
La comisión reclama un mayor entrenamiento que ayude a la Policía a lidiar con las manifestaciones de una forma menos violenta, criticando el uso de munición real, y afirma que el Gobierno debe pagar una indemnización a las víctimas que prueben que no formaron parte de actos violentos.
