BEIRUT, 18 Ago. (Reuters/EP) -
Las autoridades huthis en Saná, la capital de Yemen, deben liberar de manera inmediata y definitiva a Hisham al Omeisy, un activista que fue detenido el 14 de agosto, según ha señalado hoy la ONG Human Rights Watch.
Omeisy, de 38 años, es una importante figura en Yemen y ha influido en la opinión que tiene la población acerca del conflicto armado que vive el país. Las herramientas que ha utilizado han sido las redes sociales, principalmente Twitter. Desde ahí, lanzaba mensajes tanto en inglés como en árabe con el fin de informar y analizar la actualidad en tiempo real, incluyendo los ataques aéreos de la coalición encabezada por Arabia Saudí, que apoya al Gobierno del Presidente Abdu Rabbu Mansur Hadi, pero también ha abordado el cierre de accesos a grupos no gubernamentales y el impacto que ha tenido la guerra en los civiles.
"Yemen necesita más que nunca activistas como Hisham al Omeisy para llamar la atención sobre la devastación que la guerra, el hambre y la enfermedad han provocado en el país y en su gente", ha dicho Sarah Leah Whitson, directora de Human Rights Watch para Oriente Medio. "Las autoridades huthis deben soltar a Omeisy y dejar que vuelva sano y salvo con su familia", ha añadido.
A las 14.45 del día 14 de agosto, aproximadamente 15 agentes de seguridad detuvieron a Omeisy en el barrio capitalino de Jawlat al Misbahi. Cuatro días después del arresto, la Oficina Nacional de Seguridad seguía manteniendo a Omeisy retenido, sin desvelar su paradero. Además, Omeisy no ha sido juzgado ante la ley ni ha tenido la posibilidad de solicitar la defensa de un abogado, su familia tampoco ha tenido acceso a asistencia jurídica.
Los huthis, también conocidos como Ansar Allah, se hicieron con el control de Saná y gran parte de Yemen desde septiembre de 2014. El 28 de julio de 2016, los huthis y el Congreso Popular del ex presidente, Ali Abdullah Salé, anunciaron la creación de un Consejo Político Supremo para gobernar el país. Dicho consejo supervisa al Ministerio del Interior, y éste, a su vez, hace lo propio con los centros de detención huthis, mientras Salé gestiona el control del resto de Yemen.
Las partes del conflicto han restringido totalmente la capacidad de otros grupos no gubernamentales para operar en el país, según ha informado Human Rights Watch. En las áreas dominadas por las fuerzas leales a Salé y a los huthis, las autoridades han detenido a periodistas y activistas y han saqueado o cerrado las oficinas de estos grupos. Por su parte, en las zonas donde el Gobierno aún mantiene el control, las fuerzas de seguridad han agredido y detenido de forma arbitraria a varios activistas. Además, también se han denunciado desapariciones forzosas.
Todas las autoridades en Yemen deberían acabar con las persecuciones y detenciones arbitrarias a periodistas y activistas, ha dicho Human Rights Watch.
La ONG norteamericana ha registrado 66 casos de agresiones llevadas a cabo por las fuerzas aliadas de los huthis y los seguidores de Salé, incluyendo la muerte de dos de sus retenidos y 11 casos de presuntas torturas y diversos malos tratos como el abuso de un niño.
Organizaciones internacionales y yemeníes han contabilizado más casos. Las fuerzas del Gobierno yemení, respaldadas por los Emiratos Árabes Unidos también han llevado a cabo detenciones ilegales y se les acusa de desaparición forzada y tortura a decenas de personas en otras partes del país.
Las autoridades de todo Yemen deberían dejar libre a todas las personas que han sido encarceladas injustamente, y han sido privadas de los servicios de un abogado, del mismo modo que se debería procesar adecuadamente a los funcionarios responsables de estos malos tratos, ha insistido Human Rights Watch.
Según establece el Derecho Internacional, una desaparición forzada se da cuando las autoridades mantienen a una persona bajo custodia y se niegan a revelar su destino o paradero. Las personas "desaparecidas" corren mayor riesgo de sufrir tortura y malos tratos, especialmente cuando están detenidos fuera de los centros penitenciarios u otras instalaciones formales.
Mientras que las autoridades de Saná deben tomar las medidas oportunas para hacer frente a las preocupaciones existentes en cuestiones de seguridad, el derecho internacional y humanitario se acoge al derecho a no ser detenido de manera injustificada, así como al derecho a no ser torturado, maltratado ni desaparecido por la fuerza.
Las personas detenidas tienen derecho a ser informadas de los motivos específicos de su detención, contar con la posibilidad de impugnar su detención ante un juez independiente e imparcial, tener acceso a un abogado -al igual que los miembros de su familia-, y a que su caso sea revisado periódicamente.
"Los miembros de los partidos que están en conflicto están corriendo el riesgo de sufrir futuras persecuciones si no revelan el paradero de sus detenidos o los maltratan", ha concluido Whitson.
