Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 06/03/2009 09:38
Los jueces de la Corte Suprema de California comenzó ayer los interrogatorios a los abogados que buscan revocar la prohibición de los matrimonios entre personas del mismo sexo, en lo que algunos interpretaron como una señal de que no alteraría la enmienda constitucional contra los matrimonios entre homosexuales aprobada el pasado mes de noviembre.
Los siete jueces que abrieron el año pasado las puertas a matrimonios homosexuales, al derribar una prohibición previa, cuentan con tres meses para decidir si se mantiene o no la enmienda que fue ratificada el pasado 4 de noviembre por el 52 por ciento de californianos y donde se definió al matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer.
La población, que continúa dividida en simpatizantes y detractores de la medida, apela al Tribunal Supremo a que resuelva cuanto antes los debates, si bien el organismo tiene tres meses para tomar su decisión después de que sean presentados los distintos argumentos orales.
Por su parte, los conservadores sociales y liberales consideran a California capaz de imponer tendencias, si bien la abrumadora mayoría de estados norteamericanos mantienen leyes que impiden a las parejas homosexuales contraer matrimonio.
El principal abogado que defiende la enmienda constitucional, Kenneth Starr, dijo repetidamente que una mayoría simple podía limitar derechos, incluyendo la libertad de expresión, según la Constitución californiana, redactada para garantizar a los ciudadanos la posibilidad de legislar mediante el voto.
DISCREPANCIA
Asimismo, los partidarios del matrimonio homosexual, liderados por el ex gobernador y actual fiscal general de California, Jerry Brown, argumentan que el derecho al matrimonio es parte del "derecho inalienable" a la libertad, así que la Corte Suprema del estado debe rechazar incluso una enmienda constitucional que lo limite.
No obstante, los que se oponen al matrimonio homosexual defienden que revocar la prohibición en California cambiaría la naturaleza del gobierno estatal y eliminaría el derecho de las personas a redactar las leyes. La Corte creará "un poder arrollador en la rama menos democrática que elimina el preciado derecho de las personas a determinar cómo serán gobernadas", dijeron los opositores.