El Gobierno afgano debería contar con su pueblo en la lucha contra los talibán, según un informe

Actualizado 05/11/2006 18:39:34 CET

ICG pide que el Gobierno de Karzai luche contra la corrupción y llama a la presión internacional sobre Pakistán

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La creciente violencia en Afganistán tanto en las provincias del sur como en el interior de los centros urbanos, ha demostrado que a pesar del incremento de la acción militar sobre los insurgentes, el conflicto en el país requiere de una solución que incluya la participación popular, una mayor presión internacional sobre Pakistán y una reforma interna en el país que permita erradicar el tráfico de drogas, un negocio que afecta a una gran parte de los funcionarios del Gobierno de Kabul y que se ha convertido en uno de los grandes obstáculos a la hora de solucionar esta crisis, según el último informe del grupo de expertos de ICG.

El documento, titulado "Enfrentándose a la insurgencia de Afganistán: Sin arreglo rápido" descarta una solución basada exclusivamente en la intervención militar. La respuesta militar, según ICG, es un arma que debe acompañarse de un esfuerzo a largo plazo a través de una serie de reformas políticas que conviertan en innecesaria la existencia de un régimen talibán al que no se debe conceder ni un solo momento de apoyo, dada la voluntad de la población de establecer un régimen democrático.

Para ello, la comunidad internacional debe tener en cuenta, a la hora de intervenir en este conflicto que Afganistán no ha recibido tantas fuerzas de pacificación y medios para la reconstrucción como otros casos, entre los que se citan a Bosnia y a Kosovo. Todos los países participantes en las operaciones deben reorientar su estrategia, abandonando la "protección a la fuerza" para intentar crear un ambiente de "seguridad duradera", y procurar que las fuerzas internacionales presentes en el país colaboren sin trabas burocráticas.

PAKISTÁN, UN ALIADO EQUIVOCADO

El informe califica a Pakistán como un aliado "rencoroso", en el mejor de los casos. El pasado día 18, el presidente afgano Hamid Karzai afirmó que el líder supremo de los talibán, el mulá Omar, se encontraba en la ciudad de Quetta, en el sureste de Pakistán. Esta acusación recibió una rápida respuesta por parte de la portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, Tasnim Aslam que señaló que "Omar está en Afganistán, y eso lo sabe el mundo entero".

A pesar de los esfuerzos norteamericanos por aliviar la tensión entre Pakistán y Afganistán, las declaraciones del presidente afgano criticaron la actitud de Pakistán e instaron al presidente general Pervez Musharraf a atacar los santuarios talibán en el país.

El informe señala que las milicias talibán y los operativos de la organización terrorista Al Qaeda han encontrado en el país un refugio seguro, y que las acciones militares contra ellos, llevadas a cabo por Islamabad no han obtenido resultados efectivos. Los expertos de ICG han denunciado que el presidente Musharraf haya dedicado más esfuerzos a consolidar alianzas interesadas con los partidos islámicos, que a luchar contra los yijadistas.

Así, ICG recomienda que se incremente la presión diplomática sobre Pakistán, para que los líderes talibán comiencen a ser procesados en los tribunales de justicia. Para asegurar la marginalización de los talibán en la política del país, los analistas recomiendan además que Pakistán garantice de cara al año próximo unas elecciones libres que lleven al poder a los partidos moderados, deseosos de entablar buenas relaciones con su país vecino.

EL RESPETO A LA LEY, CLAVE

ICG señala que la clave para vencer a los talibán es el pueblo: el factor que otorga apoyo a cualquier tipo de insurgencia. El informe explica que si el Gobierno de Karzai pretende erradicar a los talibán de la vida cotidiana de los afganos, primero debe atender las necesidades de su población.

Así, los proyectos para el desarrollo serán completamente insuficientes si los oficiales que los llevan a cabo son corruptos o pesan sobre ellos sospechas de conducta poco profesional. La Oficina Anti-corrupción y Soborno de Afganistán, que cuenta con una plantilla de 140 personas, y que lleva dos años operando, todavía no ha presentado cargo alguno contra ningún oficial. Los mismos talibán han denunciado en numerosas ocasiones el problema de la corrupción en el Gobierno de Karzai, que debería actuar en consecuencia, condenando a todos los oficiales que infrinjan la ley.

En el contexto del narcotráfico, el informe señala que es necesario actuar con cautela. "La erradicación de los cultivos de opio, sin presentar ningún tipo de alternativa podría presentar un efecto rebote" que daría al narcotraficante con capacidad para cultivar y distribuir "la capacidad para fijar los precios del mercado a su discreción", según los analistas J. Koheler y C. Zurcher. Es necesario que los granjeros y agricultores reciban del Gobierno afgano y de la asistencia internacional las ayudas necesarias para poder diversificar su mercado.

CONCLUSIONES

Así, el informe concluye que el proceso de paz en el país debe ser considerado como un esfuerzo a largo plazo, en el que la reconstrucción del país y la lucha contra la insurgencia deben avanzar de forma pareja. Para ICG, la "seguridad del pueblo" terminará beneficiando a la "seguridad del estado", y ambos objetivos solo podrán conseguirse a través de la colaboración efectiva entre el Gobierno de Karzai y la comunidad internacional.

IGC señala que es imprescindible que el Gobierno haga uso de las ventajas de la democracia, dado el deseo del pueblo de expresar su opinión. Las instituciones deben ser un ejemplo de legalidad, y los oficiales corruptos deben ser juzgados y sentenciados a través de un sistema judicial inquebrantable. Entre otras medidas, se destaca que todas las provincias locales deban presentar un informe anual de gastos, mientras que la Oficina Anti-corrupción estaría obligada a exponer sus progresos una vez al mes, ante el mismo presidente Karzai.

Y finalmente, el apoyo de la coalición internacional resulta imprescindible. La Fuerza de Asistencia Internacional en Afganistán (ISAF) debe recibir cualquier material que solicite con carácter urgente desde los Gobiernos que colaboran en la lucha contra los talibán, y ésta, a su vez, debe proporcionar al Gobierno afgano una colaboración sin trabas ni conflictos de competencias con las autoridades locales.

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