HRW alerta de que el futuro estatus de Kosovo no podrá resolverse sin mejorar antes su sistema judicial

Actualizado 03/06/2006 19:10:43 CET

Dos años después de los disturbios de marzo de 2004, tan sólo el 50% de los acusados por los mismos han sido condenados

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tras siete años de administración internacional, el sistema judicial criminal continúa fracasando en la administración de justicia para las víctimas de las revueltas de marzo de 2004 en Kosovo, según ha denunciado la organización Human Rights Watch. Justo en un momento en el que el futuro del estatus del país es objeto de intensas negociaciones mediadas por la comunidad internacional, la responsabilidad en torno a crímenes del pasado "debe ocupar un lugar preferente en la agenda del país". Tal y como denuncia HRW, "resolver la situación del país sin enmendar el sistema político envenenará el futuro".

En un informe titulado 'No en la agenda: el continuo fracaso en la responsabilidad de Kosovo después de marzo de 2004", la organización denuncia el fracaso de Pristina a la hora de juzgar a los responsables de unos actos de violencia interétnica en los que, según Amnistía Internacional (AI), al menos 19 personas murieron --11 de etnia albanesa y ocho serbias-- y más de 100 resultaron heridas. Asimismo, sufrieron daños o fueron destruidas unas 730 viviendas de miembros de minorías, en su mayoría serbios de Kosovo, y 36 iglesias, monasterios y otros centros religiosos y culturales ortodoxos.

MÁS DE 4.100 DESPLAZADOS

En menos de 48 horas, 4.100 personas pertenecientes a minorías --más de las 3.664 que habían regresado a lo largo de 2003-- se vieron desplazadas de nuevo; de ellas, el 82 por ciento eran serbias, y el 18 por ciento restante, rumanos y ashkali, así como unas 350 personas de etnia albanesa residentes en las zonas de mayoría serbia del norte de Mitrovica-Mitrovice y Leposavic-Leposaviq.

Desde julio de 1999 Kosovo está administrado por la Misión de Administración Provisional de Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) en virtud de la resolución 1244/99 del Consejo de Seguridad, que encarga a la Fuerza Internacional de Seguridad en Kosovo (KFOR) establecer un ambiente en el que los refugiados y los desplazados puedan regresar a sus hogares en condiciones de seguridad. La propia UNMIK se encarga, con arreglo a la misma resolución, de la protección y promoción de los Derechos Humanos, dado que según AI, "garantizar los derechos de las minorías es un aspecto esencial del proceso de determinación de la condición final de Kosovo".

"Justo ahora, la responsabilidad por los crímenes del pasado no está en la agenda de Kosovo", indicó el director para Asia Central y Europa de HRW, Holly Cartner. "Pero resolver el estatus de Kosovo sin arreglar el sistema judicial envenenará su futuro", añadió.

Los avances en las investigaciones relacionadas con los disturbios de marzo de 2004 han sido escasos a pesar de ocupar el primer lugar en las prioridades del sistema judicial. Más de dos años después, solo 426 individuos han sido acusados en relación con lo ocurrido, la mayor parte de ellos por cargos menores como robos, y de éstos sólo la mitad han sido condenados.

La respuesta judicial a los acontecimientos de marzo de 2004 es considerada clave a la hora de analizar los esfuerzos democráticos de la región en general. "Tras más de siete años de administración internacional, las autoridades deberían haber tenido tiempo suficiente para abordar estos juicios en el marco de la justicia, la policía, las autoridades fiscales y los tribunales", indicó HRW.

Para la organización son cuatro los factores responsables del fracaso de la justicia en este proceso. El primero de ellos hace referencia a la falta de preparación y formación de los funcionarios para las reformas llevadas a cabo en el sistema judicial tres semanas después de los disturbios de marzo.

Por otro lado, han fracasado el grupo policial internacional independiente formado para investigar lo ocurrido así como la vigilancia y la coordinación entre la policía nacional e internacional y la colaboración con los investigadores.

Por último, HRW denuncia la falta de un sistema adecuado de protección de testigos. "Todos sabemos que la construcción del papel de la ley en Kosovo no es fácil", indicó Cartner. "Pero hay una serie de pasos básicos, como cerciorarse de que los fiscales han sido adecuadamente formados y de que las instituciones trabajan juntas", señaló.

RETO PRIORITARIO

De esta manera, según la organización, mejorar el sistema de justicia criminal para los sucesos de marzo de 2004 supone uno de los mayores retos a los que se enfrenta Kosovo hoy. El resultado de este fracaso es la continuación del ciclo de impunidad y el refuerzo de la creencia por parte de todas las comunidades en Kosovo de que el sistema judicial no es fiable y no actúa en servicio del pueblo.

Por ello, tal y como denuncia el informe 'No en la agenda', las minorías, especialmente los serbios kosovarse, "tienen menos fe que nunca en la posibilidad de desarrollar una vida segura en Kosovo". Asimismo, es denunciable la ausencia de una estrategia efectiva de información a las comunidades internacionales sobre el estado de las investigaciones así como la falta de transparencia en el sistema.

Bajo estas circunstancias, "es difícil para el pueblo obtener información sobre el estado de los casos y para los grupos dirigirse al sistema judicial en su conjunto", asegura la organización. De esta manera, HRW insta a los actores clave en Kosovo, incluida la ONU, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), la policía y el Gobierno provisional de Kosovo "a tomar medidas de forma inmediata para mejorar el sistema judicial".

Asimismo, el informe insta a la Unión Europea a prestar mayor atención a estas cuestiones en el marco de sus políticas con Kosovo, a asegurarse de que todas las partes acepten un sistema judicial adecuado como paso fundamental para la resolución del estatus del país y a suministrar apoyo material de cara a la creación de un sistema efectivo para la relocalización y protección de testigos.