Bruselas quiere que no haya "refugios" en la UE para los delitos medioambientales

Actualizado 09/02/2007 15:52:34 CET

España, en el grupo de países con un nivel medio de cumplimiento de la legislación comunitaria

BRUSELAS, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea presentó hoy una propuesta de directiva para obligar a los Estados miembros a castigar de manera efectiva los atentados contra el medio ambiente y evitar que este tipo de actos delictivos queden impunes por el diferente tratamiento legislativo que tienen los Estados miembros a la hora de tratar este asunto.

La iniciativa, elaborada conjuntamente por los comisarios de Medio Ambiente, Stavros Dimas, y de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, contempla sanciones que pueden oscilar entre los cinco y los diez años de cárcel y multas de un mínimo de 750.000 euros a las empresas que cometan este tipo de infracciones.

La emisión a la atmósfera de sustancias ilegales, los vertidos en la tierra o en el agua, el transporte o comercio ilícito de desechos o traficar con especies en vías de extinción son algunas de las conductas que el Ejecutivo comunitario pretende penalizar de forma que no haya en la Unión Europea refugio para los delincuentes medio ambientales.

"No es aceptable que los delincuentes se puedan beneficiar de la libertad de movimiento de mercancías y de personas e intentar actuar en un paraíso seguro", declaró Frattini en videoconferencia desde Roma durante la explicación ante la prensa de la propuesta, que deberá ser ahora sometida a la opinión del Consejo y del Parlamento Europeo.

Frattini dijo que, según los datos manejados por la Comisión Europea, el 71% de los delitos medioambientales son ya de caracter transfronterizo, es decir, en los que se ven implicados varios Estados miembros, razón por la cual se cree más que justificado plantear una directiva que armonice las legislaciones para que los mismos delitos tengan igual castigo independientemente del lugar de la Unión en el que se cometan.

"Los estudios demuestran que el nivel de las sanciones penales varían mucho y que a veces es un puro maquillaje", se quejó el responsable de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario. Por su parte, Frattini añadió que el derecho medioambiental es un derecho "fundamental" de los ciudadanos y que, por eso, es "absolutamente necesario armonizar la reglas para evitar que los delincuentes se aprovechen de la situación para atentar contra un derecho básico de los ciudadanos".

En todo caso, para evitar la suspicacia que genera en los países las iniciativas de Bruselas que afectan a asuntos de su competencia exclusiva, el comisario dejó claro que no se trata de "reemplazar" las legislaciones nacionales. Dimas, por su parte, confió en que los países adopten una postura "positiva" a la vista del grado de sensibilización que tiene la opinión pública y las instituciones sobre la protección del medio ambiente.

Dimas, además, admitió que el estudio preliminar que ha servido de base para elaborar la propuesta revela grandes diferencias entre los países tanto en el tratamiento de los delitos medioambientales como en el grado de cumplimiento de la normativa comunitaria. Así, Bélgica, Irlanda, Eslovaquia, Suecia o Alemania cumplen sobradamente mientras que en Francia, Italia, Malta y Chipre deberían "cambiar mucho las cosas".

En el grupo de países que registran un grado medio de cumplimiento de la política medioambiental europea figura España junto a Austria, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Hungría, Letonia, Grecia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania y Reino Unido. Dimas citó, para ejemplificar la disparidad de criterios en materia penal que, por ejemplo, en España y Portugal no se considera delito el transporte de sustancias ilegales o que en Italia no lo es atentar contra hábitats protegidos.

Entre los argumentos esgrimidos por Bruselas para defender una aplicación eficaz de las sanciones frente a los delitos medioambientales, se señala que éstos pueden tener efectos "devastadores" tanto para el medio ambiente como para la salud humana.

En este sentido, la directiva cubrirá todo un listado de delitos que van desde el tratamiento, transporte, exportación e importación de desechos ilegales, incluidos los desechos peligrosos, hasta el comercio de sustancias que reducen la capa de ozono pasando por la elaboración, uso y almacenamiento de sustancias peligrosas. En todo caso se tendrá en cuenta el grado de daño que puede causar tanto en las personas como en el medio ambiente.

Por ejemplo, el vertido ilegal de sustancias peligrosas en el agua podría estar cubierto por la propuesta de Bruselas si causa la muerte o lesiones en las personas o daños importantes en el medio ambiente. De la misma forma que el traslado ilegal de vertidos procedentes de la Unión Europea, pero en este caso sólo si se trata de una gran cantidad o si hay una clara intención de obtener beneficios. También prevé castigar la exportación ilegal de sustancias que afectan a la capa de ozono a países en vías de desarrollo.

'PRESTIGE'

La idea presentada hoy recibió un fuerte impulso después de que en agosto de 2006 el buque 'Probo Koala' vertiera en las aguas de la Costa de Marfil más de 500 toneladas de desechos tóxicos que luego fueron trasladados de ciudad en ciudad. A consecuencia de ello fallecieron más de diez personas y cientos de costamarfileños sufrieron afecciones respiratorias, naúseas, vómitos, vértigo, quemaduras e irritaciones provocadas por la carga contaminada del buque.

En cuanto a si el proyecto de directiva podría aplicarse a los casos como el vertido del 'Erika' frente a las costas francesas o el del petrolero 'Prestige' en las costas gallegas, Dimas avanzó que es intención de la Comisión Europea elaborar una propuesta independiente sobre contaminación procedente de vertidos de buques.

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