PE estudiará suspender derecho de voto de Hungría si hay pruebas de violación por reforma constitucional

 

PE estudiará suspender derecho de voto de Hungría si hay pruebas de violación por reforma constitucional

Actualizado 14/03/2013 22:26:42 CET

BRUSELAS, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, no ha excluido este jueves abrir un procedimiento de infracción contra Hungría en virtud del artículo 7 del Tratado de la Unión --que prevé la posibilidad de suspender a un país de su derecho de voto en el Consejo de la UE cuando un Estado miembro viola los principios del Estado de Derecho-- si hay pruebas de que las nuevas enmiendas constitucionales aprobadas por el Parlamento húngaro violan las normas comunitarias pero no antes.

"La UE tiene que actuar para salvar la credibilidad", ha explicado en rueda de prensa tras su discusión con los líderes europeos en la que ha aprovechado para plantear la nueva polémica reforma constitucional húngara.

"Necesitamos pruebas concretas de la infracción", ha admitido no obstante Schulz, quien se ha mostrado favorable a "discutir concretamente el artículo 7" en este caso "pero no antes".

Schulz ha defendido que si la Comisión Europea constata "violaciones reales" de la legislación europea por la reforma constitucional húngara en el análisis que prepara y presenta pruebas en este sentido ésta debe iniciar un procedimiento de infracción en el marco del artículo 7, que llega a prever la posible suspensión del derecho de voto de un país en el Consejo cuando un país viole los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto por los Derechos Humanos.

En todo caso, ha insistido en su postura de "no actuar antes de no estar 100% seguros" de que hay violación, algo que "extremadamente difícil" de probar.

El presidente de la Eurocámara ha explicado que tanto él como el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, han manifestado este jueves ante los líderes europeos sus "dudas" sobre la legalidad de las nuevas enmiendas constitucionales aprobada por el Parlamento en Hungría, aunque Schulz ha insistido en que compete al Ejecutivo comunitario determinar este punto.

Barroso ha dejado claro por su parte que la Comisión comprobará y verificará "de forma muy precisa" la compatibilidad de los cambios en la Constitución húngara "con los estándares y valores europeos y los Tratados de la Unión", según ha explicado Schulz. "Los dos, Barroso y yo, hemos dicho bastante claro que tenemos dudas", ha explicado.

El presidente de la Eurocámara ha confirmado que ningún otro jefe de Estado y de Gobierno ha querido intervenir sobre la polémica reforma constitucional en Hungría, salvo el primer ministro del país, Viktor Orban, quien, "en respuesta" a sus comentarios, ha dicho que "no le gustaría que lo que ha dicho Schulz se convierta en realidad" y ha defendido que los cambios aprobados están "plenamente en línea con los principios de la UE".

"No quiero prejuzgar lo que dirá el informe de la Comisión", ha zanjado el presidente de la Eurocámara. "Mi posición es absolutamente clara y es la posición de la mayoría del Parlamento. Antes de que no estemos 100% claras las indicaciones de una infracción, no abriremos el procedimiento", ha concluido, subrayando la importancia también de que el propio país afectado se justifique.

Barroso reiteró este lunes sus "preocupaciones" sobre la nueva reforma constitucional promovida por el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que limita los poderes de la judicatura, y avisó de que usará "todos los instrumentos" a su disposición para garantizar que Hungría respete las leyes europeas.

Bruselas ya mantuvo un enfrentamiento con Orbán a principios de 2012, coincidiendo con la presidencia húngara de la UE, con motivo de la anterior reforma constitucional, que limitaba la independencia del Banco Central y la agencia de protección de datos del país y obligaba a la jubilación forzosa de un gran número de jueces.

El expediente obligó al Gobierno húngaro a rectificar en el caso del Banco Central, pero el resto de cuestiones acabaron ante el Tribunal de Justicia de la UE.

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