LIMA/QUITO, 22 Dic. (Reuters/EP) -
El acuerdo al que la constructora brasileña Odebrecht ha llegado con varios países para admitir sobornos a funcionarios por la adjudicación de contratos públicos y pagar una multa millonaria a cambio de la retirada de los cargos ha propiciado el inicio de investigaciones por corrupción en gran parte de América Latina, su zona de influencia.
Odebrecht y la petroquímica brasileña Braskem han llegado a un acuerdo en el que admiten el pago de sobornos a funcionarios de 12 países para conseguir contratos públicos. Ambas compañías se han comprometido a pagar conjuntamente una multa de 3.500 millones de dólares a cambio de que se retiren los cargos en Estados Unidos, Suiza y Brasil.
Este acuerdo se enmarca en las investigaciones estadounidenses por el caso 'Lava Jato', en el que las autoridades brasileñas indagan en una red de pago y cobro de sobornos a políticos de distinto signo para lograr contratos de la petrolera estatal, Petrobras.
Odebrecht ha reconocido el pagó más de 2.000 millones de dólares en sobornos a funcionarios y políticos brasileños y otros 439 millones de dólares en otros países de la región, siendo Venezuela, Panamá y República Dominicana los más afectados.
Desde Venezuela, el líder opositor Freddy Guevara ha prometido que la Asamblea Nacional investigará este asunto. "Los procesos de contratación con Odebrecht fueron altamente irregulares desde su origen", ha denunciado en un comunicado.
Panamá, por su parte, ya ha pedido información a Estados Unidos para iniciar sus propias pesquisas con el fin de "que se procese y sancione a las empresas y personas involucradas en estos actos", según ha indicado la Oficina de la Presidencia.
Uno de los casos más graves es el de Perú. Odebrecht ha reconocido sobornos por valor de 29 millones de dólares a funcionarios peruanos para adjudicarse obras públicas entre 2005 y 2014, gracias a las cuales obtuvo unos beneficios de 143 millones de dólares.
El caso se remonta a la Administración de Alejandro Toledo y afecta también a las de Álan García y Ollanta Hulama. El actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, ha negado cualquier implicación durante su etapa como primer ministro de Toledo y ha pedido a la Fiscalía que investigue.
El Ministerio Público peruano ha decidido recientemente reabrir la investigación contra Kuczynski por supuestos favores políticos a Odebrecht, que en la última década se ha hecho con contratos públicos en Perú por valor de 10.000 millones de dólares.
El Gobierno no va a "proteger a nadie, no va a encubrir a nadie", ha dicho, por su parte, el secretario jurídico de la Presidencia de Ecuador, Alexis Mera, que ha prometido investigar --"caiga quien caiga"-- las presuntas irregularidades en contratos adjudicados entre 2007 y 2008.
En Colombia, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso, ha considerado que esta es "una oportunidad de oro" para mostrar tolerancia cero con la corrupción. "Vamos a tener la capacidad de detectar en tiempo récord (...) en que contratos específicamente se dio este tipo de práctica irregular", ha apuntado.
La Justicia argentina ya investiga a Odebrecht por sobornos a nivel local. De acuerdo con una fuente con acceso a la causa, cerca de 100 empresas argentinas están bajo la lupa por sus negocios con el gigante brasileño.
POSIBLES FRENTES
Además, expertos en sobornos corporativos consultados por la agencia de noticias Reuters han advertido de que los contratos con Odebrecht en otros países como Guatemala, Angola y México podrían derivar en nuevas demandas.
"Es posible que esos países comiencen sus propias acciones", ha dicho Peter Spivack, un abogado asentado en Washington que está especializado en casos de corrupción empresarial. No obstante, ha explicado que las sanciones podrían ser muy leves por la escasa regulación al respecto.
