RÍO DE JANEIRO, 20 Oct. (Reuters/EP) - -
Varios manifestantes y organizaciones defensoras de Derechos Humanos han denunciado este viernes que las víctimas de esclavitud en Brasil tendrán menos posibilidades de salir de ese núcleo de trabajos forzados debido a la decisión del Gobierno de Michel Temer de aprobar un nuevo decreto que modificará de la actual definición legal de la esclavitud, al tiempo que reduce la autoridad de los inspectores.
En Brasil, el trabajo forzado es sinónimo de una forma moderna de esclavitud. Entre las características que lo definen se incluyen condiciones de trabajo degradantes, sueldos que no se pagan y jornadas laborales muy largas que ponen en riesgo la salud de los trabajadores y su vida, además de suponer un violación de su dignidad.
Varios manifestantes han calificado el nuevo decreto que anunció este lunes el Ministerio de Trabajo como un retroceso en la lucha contra la esclavitud al modificar las condiciones bajo las que queda definida la esclavitud y entenderla ahora como una limitación de la libertad de movimiento de las víctimas.
"Antes, si un trabajador dormía con los cerdos, no tenía agua y no cobraba un inspector de trabajo definía eso como esclavitud, aunque el empleado pudiese abandonar la granja", ha asegurado Leonardo Sakamoto, el responsable del Fondo Fiduciario Voluntario de Naciones Unidas sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud.
Sakamoto ha lamentado que ahora, sin embargo, con la entrada en vigor de este nuevo decreto esas circunstancias ya no se considerarían esclavitud.
UNA VIOLACIÓN DE LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
Los grupos defensores de Derechos Humanos han estimado que cientos de miles de personas trabajan bajo condiciones de esclavitud en granjas, plantaciones de caña de azúcar y en muchos ranchos de todo el país, incluyendo en las zonas de selva y en la construcción y fábricas de los núcleos urbanos.
"La violación de la dignidad humana es el principal rasgo que define la esclavitud brasileña", ha subrayado Xavier Plassat, un fraile dominicano que reside en Brasil y que encabeza la campaña de lucha contra la esclavitud de la comisión pastoral.
Plassat ha señalado que no solo se trata de una cuestión de violación de la libertad sino del hecho de "negar la dignidad" de estas personas a través de la imposición de "condiciones degradantes" y de jornadas laborales "exhaustivas".
Adilson Carvalho, líder de la comisión nacional para la erradicación de la esclavitud en el Ministerio de Derechos Humanos, ha asegurado que no tuvo notificación alguna acerca de esta nueva modificación.
Asimismo, Carvalho ha señalado a la agencia de noticias Reuters que está "muy preocupado" acerca de la continuidad que tendrán las políticas para combatir la esclavitud.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo ha afirmado en un comunicado que combatir la esclavitud y el trabajo forzado es una "política pública de carácter permanente para el Estado".
INSPECTORES DE TRABAJO
En Brasil existen unos 2.000 inspectores de trabajo que suelen actuar en entornos donde se sospecha que se están llevando a cabo actividades forzadas o de esclavitud. Gracias a estas labores, en las dos últimas décadas se ha liberado a más de 50.000 víctimas.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha declarado que el nuevo decreto del Gobierno "supone el riesgo de interrumpir" los progresos realizados por Brasil hasta el momento en la lucha contra la esclavitud.
Bajo este nuevo decreto, se impone a los inspectores la obligación de adjuntar a su informe otro realizado por la Policía a modo de prueba de la veracidad de los hechos.
Uno de esos inspectores pertenecientes al Ministerio de Trabajo, Renato Bignami, ha definido este nuevo procedimiento como un presagio de cambios "extremadamente negativos".
Los inspectores de trabajo han remitido al Gobierno un documento conjunto en el que denuncian la ilegalidad del nuevo decreto, al tiempo que han advertido de que si el Gobierno no revoca esta medida, la Fiscalía lo impugnará.
Sakamoto ha lamentado que la incertidumbre legal en torno a este decreto ha provocado que muchos inspectores hayan paralizado su trabajo en una decena de los 26 estados que tiene el país.
TODO POR "SALVAR EL CUELLO DE LA GUILLOTINA"
Varios manifestantes han señalado que la votación definitiva --prevista para dentro de unos días-- para ratificar estos nuevos cambios en la ley anti esclavitud de Brasil decidirá el destino del presidente, Michel Temer.
Sakamoto ha apuntado que este nuevo decreto está directamente relacionado con los esfuerzos de Temer por "salvarse el cuello de la guillotina", al tiempo que ha insistido en que estos cambios se han realizado en el momento en el que "necesita votos".
Los grupos defensores de derechos han admitido que sospechan que se estén produciendo negociaciones entre los jueces y los grupos de presión y empresarios más influyentes del entorno de la agricultura.
