LA HAYA, 17 Nov. (Reuters/EP) -
La delegación filipina ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) está a la espera de recibir instrucciones del presidente del país, Rodrigo Duterte, después de que éste amenazara con abandonar la corte de La Haya, según ha informado uno de sus miembros.
"Esperamos nuevas instrucciones del presidente sobre las futuras relaciones con el TPI", ha dicho el delegado filipino en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Reuters.
Duterte ha sugerido este jueves que podría seguir los pasos de Rusia, que ha anunciado la retirada de su firma del Estatuto de Roma, al considerar que el TPI "no cumple con las expectativas generadas" porque "no es verdaderamente independiente".
"Debería seguir sus pasos ¿por qué? porque esta gente solo se mete con países pequeños como nosotros", ha dicho Duterte. Sus palabras llegan después de que el TPI fijara su atención en la 'guerra contra las drogas' lanzada por su Gobierno, que ha dejado más de 2.000 muertos.
En los últimos meses se han multiplicado las críticas contra el TPI por perseguir solo los crímenes internacionales cometidos en ciertas regiones. Sudáfrica, Burundi y Gambia han notificado ya su salida, mientras que Uganda, Namibia y Kenia han amenazado con hacer lo mismo.
A ellos se ha unido esta semana Rusia, que ha anunciado que retirará la firma del Estatuto de Roma, tratado fundacional del TPI. Es en realidad un gesto simbólico porque, al no haber ratificado esta firma, Rusia nunca ha sido Estado miembro.
El TPI nace tras años de tensas discusiones el 17 de julio de 1998 con el Estatuto de Roma y comienza su andadura el 1 de julio de 2002 con el mandato de juzgar a los responsables de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.
Actualmente cuenta con 124 miembros sobre los que despliega su jurisdicción, si bien es posible que actúe en países que sin ser miembros se lo permitan y, en todo caso, por mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, ha lamentado la iniciativa de Sudáfrica, Burundi y Gambia y ha alertado de que sus salidas del TPI podrían enviar "un mensaje equivocado" y propiciar un retroceso en la rendición de cuentas por crímenes internacionales.
