EL CAIRO, 7 Dic. (Reuters/EP) -
La Policía de Egipto ha detenido este miércoles a la influyente activista y abogada defensora de los Derechos Humanos Azza Soliman, según ha informado el Centro Egipcio para la Asistencia Legal a las Mujeres (CEWLA, por sus siglas en inglés), que ha señalado que las autoridades del país habían interpuesto una prohibición de viaje contra Soliman hacía unas semanas.
La activista, fundadora del CEWLA, ha sido una de las afectadas por las restricciones de viaje establecidas en noviembre contra varios abogados, periodistas y disidentes. Según Soliman, sus cuentas bancarias y las de sus compañeros fueron congeladas después de que ella fuera expulsada del aeropuerto de El Cairo el 19 de noviembre.
"El juez que se encarga del caso ha emitido una orden de detención contra ella", ha indicado a través de Twitter el CEWLA, que ha informado de que las fuerzas de seguridad han acudido a la vivienda de la activista y la han trasladado a una comisaría de la capital egipcia.
Varias organizaciones han denunciado que el arresto de Soliman se ha producido en el marco de una serie de medidas puestas en marcha por el Gobierno egipcio contra los defensores de los Derechos Humanos por estar presuntamente relacionados con el levantamiento que tuvo lugar en 2011.
La Policía, que ha abierto una serie de investigaciones contra algunas ONG, ha acusado a estas organizaciones de recibir fondos extranjeros con la intención de extender el caos y provocar un aumento de la tensión política en Egipto.
En septiembre, un tribunal egipcio congeló los activos de cinco influyentes activistas y tres organizaciones, estableciendo una vía para abrir posibles procesos judiciales contra los afectados, que podrían ser condenados a cadena perpetua.
En 2013, la Justicia egipcia ordenó el cierre de varias organizaciones, incluida la Freedom House estadounidense, y condenó a prisión a 43 miembros de una ONG, de los cuales una quincena eran extranjeros.
Por otra parte, el Parlamento aprobó en noviembre una ley que prohíbe a los grupos extranjeros y domésticos intervenir en asuntos políticos, así como en cualquier tipo de actividad que vulnere la seguridad nacional y el orden público.
La medida, según las ONG, socava por completo el trabajo y dificulta a las organizaciones humanitarias y caritativas desarrollarse y operar con libertad.
