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| Foto: Reuters |
MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
Documentos desclasificados de varias agencias de inteligencia, entre ellas la CIA, demostrarían la coordinación existente en el alto mando del Ejército salvadoreño con el fin de dar muerte en 1989 al padre Ignacio Ellacuría y otros cinco sacerdotes jesuitas, según expuso este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco la profesora de la Universidad de Stanford (EE.UU.) y experta en asuntos suramericanos Terry Karl.
Karl declaró hoy como experta durante más de dos horas ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que desde el pasado mes de enero investiga la querella interpuesta en nombre de la hermana de una fe las víctimas contra 14 militares salvadoreños.
Según los abogados de la acusación, el testimonio de la experta vendría a avalar que los asesinatos se comenzaron a gestar tres días antes de ser cometidos, el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
JUEZ INTERESADO
A su salida del Juzgado, la experta manifestó que consideraba un "honor" el haber tenido la oportunidad de dar testimonio "frente a un juez que está prestando tanta atención a este crimen contra la humanidad".
Añadió que los documentos que ella ha aportado a la causa (más de 12.000) son públicos, pero que además de este material había podido dar testimonio de más de veinte años de investigaciones en El Salvador durante los cuales ha realizado innumerables entrevistas con el fin de esclarecer lo ocurrido. "Hay que investigar a fondo si se quiere romper la impunidad", dijo Karl.
Fuentes presentes en la declaración señalaron que los documentos aportados vienen a corroborar los hechos que se detallan en la querella presentada contra los 14 ex militares, además de demostrar que el juicio seguido en el país suramericano por lo ocurrido no fue más que una "farsa" y que adoleció de todo tipo de garantías.
Muchos de los documentos aludidos fueron desclasificados en 2001, según las mismas fuentes, si bien no pudieron ser ubicados hasta hace unas pocas semanas y eran desconocidos, incluso, para la Comisión de la Verdad que se desarrollo en El Salvador. "Vienen a corroborar que el alto mando actuó conjuntamente, teniendo conocimento del hecho que luego se produjo", según los abogados de la acusación.
Karl ha elaborado un informe, junto a la analista del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington Kate Doyle, que declarará próximamente ante Velasco, sobre una serie de documentos oficiales estadounidenses que demostrarían que el Departamento de Estado norteamericano, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y los servicios de inteligencia españoles tenían información de que el Ejército salvadoreño preparaba atentar contra el padre Ellacuría.
En el marco de esta investigación, Velasco ya ha enviado a El Salvador una citación para que los 14 militares que presuntamente acabaron con la vida del padre Ellacuría y los otros cinco sacerdotes jesuitas declaren en la Audiencia Nacional el próximo mes de febrero.
COLABORACIÓN
Según informaron fuentes jurídicas, Velasco tiene localizados a 12 de los 14 militares imputados. El juez espera que se desplacen a Madrid a declarar, aunque tampoco tendría problema en que lo hicieran por videoconferencia. De momento, y según las acusaciones, la Justicia salvadoreña ha manifestado su intención de colaborar con la investigación española.
Velasco proseguirá el próximo jueves con las diligencias de este caso interrogando, en esta ocasión, a los actuales viceministro de Justicia de Salvador, Henry Campos y al magistrado de la Corte Supremoa Sidney Blanco. Ambos fueron los fiscales asignados al caso cuando se enjuició en El Salvador y renunciaron cuando, según la querella, fueron obligados a minimizar el interrogatorio a los militares imputados. Posteriormente, representaron a las acusaciones particulares.
QUERELLA
La querella, presentada por un posible delito de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes, está dirigida contra 14 militares salvadoreños, entre los que se encuentran cuatro generales en el momento de los hechos. No obstante, el juez rechazó la imputación del ex presidente Alfredo Cristiani Burkard.
En concreto, perdieron la vida el rector del campus, Ignacio Ellacuría; y los sacerdotes Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, todos de nacionalidad española; el religioso salvadoreño Joaquín López y López; y el ama de llaves Elba Julia Ramos y su hija Celina, nacidos también en el país sudamericano.
La querella, interpuesta en nombre de Alicia Martín-Baró, religiosa carmelita y hermana de una de las víctimas, está dirigida contra los generales Humberto Larios, René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Cepeda; los coroneles Inocente Orlando Montano y Francisco Elena Fuentes; los tenientes Carlos Camilo Hernández Barahona, José Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guvara Cerritos; los sargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zarpate Castillo; el cabo Ángel Pérez Vasquez y los soldados José Alberto Sierra Ascensio y Óscar Mariano Amaya Grimaldi.