CIUDAD DE MÉXICO, 25 Sep. (EDIZIONES) -
Hace ya dos años que nada se sabe de los 43 jóvenes que desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. El paso del tiempo solo ha contribuido a destapar los fallos de una investigación con la que el Gobierno de Enrique Peña Nieto prometió llegar hasta la verdad, cada vez más lejana.
El caso Iguala ha sido la gota que ha colmado el vaso de años y años de violencia criminal sin castigo. Las familias, pero también muchos mexicanos cansados de la inseguridad que les rodea, han tomado casi a diario las calles por la desaparición de los 43 'normalistas'.
El propio Peña Nieto ha reconocido que los hechos de Iguala han marcado "un hito" en la estrecha relación entre política y crimen organizado en el país y ha convocado a la sociedad mexicana a "hacer un esfuerzo colectivo" para superar "este dolor".
Para Naciones Unidas "es uno de los casos más graves de violaciones de Derechos Humanos en la historia reciente de México", por lo que es "fundamental" depurar "las responsabilidades de las autoridades municipales, estatales y federales que participaron en los hechos o que teniendo conocimiento de los mismos no cumplieron con su deber".
Esta es precisamente la principal crítica al Gobierno. "La tragedia de Ayotzinapa ha expuesto cómo la Administración de Peña Nieto no se detendrá ante nada para encubrir las violaciones de los Derechos Humanos que ocurren ante su mirada", ha dicho Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
Guevara ha denunciado que "las autoridades mexicanas han hecho todo lo que han podido para obstruir la acción de la Justicia y proteger su imagen", "desde su fracaso a la hora de detener el ataque contra los 'normalistas' hasta prevenir los esfuerzos internacionales para descubrir la verdad".
REFORMA SUPERFICIAL
La investigación del caso Iguala supuso una auténtica revolución en la forma en la que las autoridades mexicanas afrontaban este tipo de hechos --muchas veces no investigados-- porque pasó directamente al nivel federal, bajo la dirección de la Procuraduría General de la República (PGR), y contó con la participación de expertos independientes de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
Pero resultó ser una transformación cosmética. La CIDH ha denunciado la escasa colaboración de las autoridades mexicanas, que, entre otras cosas, han negado la posibilidad de interrogar a los policías federales y militares que podrían estar implicados en la desaparición.
Los expertos independientes han denunciado incluso que los investigadores mexicanos ocultaron y destruyeron pruebas que podrían haber sido determinantes para saber qué pasó, tales como prendas de ropa de los 'normalistas' o grabaciones de cámaras de seguridad.
Si bien en un principio Peña Nieto se resistió a reconocer las deficiencias en las pesquisas, achacándolas a "enormes distorsiones" generadas por los medios de comunicación, finalmente le han costado el cargo a Jesús Murillo Karam como director de la PGR y a Tomás Zerón como jefe de la Agencia de Investigación Criminal.
LA VERSIÓN OFICIAL
Según el relato ofrecido por la PGR, los 43 'normalistas' desaparecieron en la madrugada del 26 al 27 de septiembre cuando viajaban en cuatro autobuses desde Ayotzinapa, su municipio, hasta el vecino Iguala para recaudar fondos para poder ir a la conmemoración de la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre en Ciudad de México.
A la entrada de Iguala fueron interceptados por la Policía local por órdenes de María Ángeles Pineda, mujer del alcalde, José Luis Abarca, que no quería que los estudiantes de magisterio reventaran un acto oficial que tenía programado para ese día, como ya habían hecho en ocasiones anteriores.
'Normalistas' y policías se enfrentaron, éstos últimos haciendo uso de munición real, con un saldo de seis muertos y 25 heridos. Los 43 jóvenes restantes fueron metidos en furgones policiales y entregados a la Policía del vecino municipio de Cocula, quienes a su vez los dejaron en manos del cártel de Guerreros Unidos.
Guerreros Unidos había recibido la información de que los jóvenes eran miembros del grupo rival Los Rojos, por lo que fusilaron a los que quedaron vivos y prendieron fuego a sus cadáveres en el basurero municipal para después arrojar sus cenizas al río San Juan.
LA VERDAD DE LA CIDH
Esta versión de los hechos, que nunca fue aceptada por las familias y amigos de los 43 'normalistas', que han seguido defendiendo incansablemente que siguen vivos ('vivos se los llevaron, vivos los queremos') ha sido desmontada por la CIDH.
Los investigadores regionales han determinado que no hubo un solo enfrentamiento entre 'normalistas' y uniformados, sino que se produjeron hasta nueve en los que, además de policías municipales, intervinieron miembros de la Policía Federal y del Ejército.
La CIDH ha sostenido que las autoridades mexicanas tenían plenamente identificados a los 'normalistas' y sabían que no iban armados ni pretendían boicotear el acto oficial de Pineda, de modo que fue un ataque deliberado a civiles.
Además, para la CIDH resulta absolutamente imposible que fueran incinerados. La PGR sostiene que el fuego duró 12 horas, pero forenses independientes han determinado que se necesitarían 60 horas para quemar 43 cuerpos humanos y que la llama y el humo habrían alcanzado una altura de 300 metros, lo cual habría llamado la atención de los vecinos, que habrían dado aviso a Bomberos, algo que no ocurrió.
El dato más importante que señala la CIDH en su informe es la existencia de un quinto autobús que no aparece en ningún momento en el expediente de la PGR, según la cual los 'normalistas' se desplazaron en cuatro autobuses hasta Iguala.
La CIDH apunta que los estudiantes de magisterio se apoderaron de un quinto autobús cuyo conductor les dejó tirados a la entrada de Iguala, de modo que los demás autobuses se desviaron a esta localidad --que no sería su destino final-- para ayudar a sus compañeros.
La importancia de este quinto autobús reside en que podría ser la clave para resolver el caso. Al parecer, existe una red de tráfico de droga desde Iguala a Estados Unidos que usa líneas comerciales para mover la mercancía sin levantar sospechas. "El negocio que se mueve en Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque que sufrieron los 'normalistas'", ha sugerido la CIDH.
CASO ABIERTO
Desde que la CIDH hiciera públicas sus conclusiones --hace ya más de un año--, las autoridades mexicanas han realizado pequeños avances que han presentado como prueba de un cambio de actitud frente al caso Iguala y el fenómeno de las desapariciones forzosas.
La PGR, ahora en manos de Arely Gómez, ha identificado cerca de 40 localizaciones donde podrían encontrarse las fosas comunes con los restos mortales de los estudiantes de magisterio gracias al uso de LIDAR, un sistema de procesamiento de imágenes capaz de detectar cambios bruscos en el terreno.
Por primera vez, la PGR ha reconocido la posible implicación de policías federales tras cruzar las llamadas telefónicas de agentes, funcionarios y de los propios 'normalistas' la noche que desaparecieron, algo que no se hizo de forma exhaustiva durante la primera fase de la investigación.
Gómez ha tendido la mano a las familias de los 'normalistas' para retomar el diálogo y cerrar así, aunque solo sea, la brecha social abierta ese 26 de septiembre, pero los padres y las madres de los jóvenes ya han advertido de que no cederán hasta que se conozca lo ocurrido y los responsables, también políticos, sean juzgados.
