Duterte asegura que el TPI no podrá juzgarlo "ni en un millón de años"

Rodrigo Duterte
REUTERS / ROMEO RANOCO - Archivo
Publicado 07/03/2018 6:11:38CET

MANILA, 7 Mar. (Reuters/EP) -

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha asegurado que no existe ninguna posibilidad de que vaya a juicio ante el Tribunal Penal Internacional (TPI), porque "ni en un millón de años" tendrá jurisdicción para procesarlo.

Duterte fue denunciado ante el TPI por Jude Sabio, un abogado filipino, por su guerra contra las drogas. El abogado presentó la denuncia en abril de 2017 y argumenta que la muerte de miles de filipinos en una guerra brutal contra las drogas es el método del mandatario para controlar el crimen. Además asegura que utilizó la misma medida con eficacia durante sus 22 años como alcalde de Dávao, en el sur del país.

"No se puede adquirir jurisdicción sobre mí. Ni en un millón de años", ha señalado Duterte en un discurso. "Créanlo. No pueden, jamás, tener jurisdicción sobre mi personas", ha aseverado.

Según el Gobierno filipino, el TPI no tiene motivos para involucrarse porque el poder judicial y el sistema legal filipinos funcionan de forma independiente y efectiva. Duterte ha calificado anteriormente al TPI de "inútil" e "hipócrita".

Aunque el mandatario filipino aseguró que estaba abierto a cualquier investigación de Naciones Unidas y del TPI, la semana pasada se dirigió a las fuerzas de seguridad diciendo que no deberían cooperar con ellos.

La denuncia de Sabio es la primera ante el TPI contra Duterte que se hace pública y está basada en el testimonio de Matobato y del policía retirado Arturo Lascañas, así como en las declaraciones de grupos de Derechos Humanos y reportajes de la prensa. En la denuncia se acusa a Duterte y al menos a 11 miembros del Gobierno de ser responsables de asesinato, y se insta a investigar, arrestar y juzgar a los acusados.

Al menos 9.000 personas han sido asesinadas desde que Duterte asumiera la Presidencia en verano de 2016. La Policía asegura que la tercera parte de estas muertes se produjo en defensa propia durante operaciones policiales legítimas. Diversos grupos de Derechos Humanos han afirmado que los dos tercios restantes corresponden a operaciones de cooperación entre vigilantes y Policía o de policías encubiertos.

Duterte ha negado persistentemente su relación con ningún escuadrón de la muerte y ha afirmado que en las órdenes de matar a sospechosos de tráfico de drogas se advertía de que la Policía debe operar dentro de los límites de la ley.