Duterte comunicará al TPI la retirada de Filipinas por los ataques de la corte en su contra

Duterte en una comparecencia en el palacio presidencial
REUTERS / EZRA ACAYAN
Publicado 14/03/2018 9:33:15CET

MANILA, 14 Mar. (Reuters/EP) -

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, comunicará al Tribunal Penal Internacional (TPI) que su país se retira del Estatuto de Roma, el tratado que ampara esta corte, por los continuos "ataques" contra el mandatario y su Gobierno lanzados por personal de esta institución judicial.

El TPI decidió el 8 de febrero poner en marcha un examen preliminar de una denuncia presentada por un abogado filipino que acusa a Duterte de haber cometido crímenes contra la humanidad con su campaña de guerra contra la droga, que ha acabado con la vida de miles de personas desde el inicio de su mandato presidencial.

El portavoz de la Presidencia de Filipinas, Harry Roque, ha confirmado en un mensaje de texto enviado a los periodistas que Filipinas se retirará de la jurisdicción del TPI, como se señalaba en una declaración gubernamental de quince páginas de extensión fechada el 13 de marzo y consultada por los reporteros, un documento que sostiene que la retirada del Estatuto de Roma tendrá "efectos inmediatos".

La declaración del Gobierno todavía no ha sido firmada por Duterte pero el consejero legal Salvador Panelo ha confirmado la autenticidad del documento. Panelo ha dicho que la retirada de Filipinas del Estatuto de Roma se debe a los "ataques intolerables, sin fundamentos y sin precedentes" del TPI contra Durter y contra su Gobierno por parte de "responsables de la ONU" y al intento de la Fiscalía del TPI de buscar la jurisdicción sobre el mandatario filipino "violando el principio de la presunción de inocencia y del debido proceso".

La guerra contra las drogas puesta en marcha por Duterte desde el inicio de su mandato, en junio de 2016, ha acabado con la vida de miles de personas y ha sido criticada por organizaciones internacionales de Derechos Humanos y por Naciones Unidas.

A pesar de las críticas, Duterte se ha negado a detener la guerra contra las drogas y ha defendido la labor de las fuerzas de seguridad filipinas. La Policía mantiene que ha matado a 4.100 personas en el marco de la guerra contra la droga por resistirse a su detención durante redadas contra traficantes. Además, la Policía ha dicho que no tiene vínculos con los hombres armados que han matado a unos 2.300 consumidores de drogas y traficantes a pequeña escala.

Duterte había amenazado al TPI con que se atreviera a procesarle, con el argumento de que estaba dispuesto a ir a prisión para salvar a los filipinos de las drogas, un fenómeno que, a su juicio, está destruyendo el país. Llegó incluso a argumentar que preferiría someterse a un escuadrón de fusilamiento antes que una cadena perpetua.

Sin embargo, en las últimas semanas, el presidente de Filipinas ha cambiado de postura y ha pedido a las fuerzas de seguridad que no colaboren con ninguna investigación internacional. La semana pasada, el mandatario filipino aseguró que el TPI no tendrá jurisdicción sobre él "ni en un millón de años".

El examen preliminar del TPI de la denuncia presentada por un abogado filipinos busca establecer si se han registrado crímenes en Filipinas en el marco de la guerra contra las drogas y es un proceso que puede durar varios años.

El Gobierno de Filipinas sostiene que el TPI no tiene que investigar la campaña contra las drogas porque está sometida a la jurisdicción filipina. El TPI solo puede intervenir en un país miembro cuando su Gobierno no desarrolla las investigaciones que corresponde o no está dispuesto a investigar supuestos crímenes cometidos en su territorio.

De acuerdo con el derecho internacional, Duterte y Filipinas están sometidos a la jurisdicción del TPI por ser un país miembro de la corte y su retirada del Estatuto de Roma no tendría efectos retroactivos.