MANILA, 12 Nov. (Reuters/EP) -
El presidente filipino, Rodrigo Duterte, ha advertido de que puede acabar haciendo uso de su poder ejecutivo para suspender las garantías legales que van en contra de los arrestos y detenciones arbitrarias y que está dispuesto a tomar medidas drásticas e incluso ir a la cárcel si con ello consigue vencer en la guerra contra las drogas. La Constitución filipina contempla la suspensión de este derecho en situaciones excepcionales.
Duterte, también conocido como 'El Castigador' y elegido por las duras promesas que anunció durante su campaña para acabar con los crímenes y las drogas ilícitas, dijo el pasado viernes que, con tantos presuntos narcotraficantes en su lista, investigar los casos uno por uno no era una opción, pues requeriría demasiado tiempo y personal
Esto ha provocado que contemple la posibilidad de suspender el hábeas corpus, que obliga al Estado a justificar los arrestos y detenciones y otorgaría a la Policía el poder de detener a los sospechosos sin la necesidad de una orden judicial y retenerlos sin cargos.
De acuerdo con la Constitución, el presidente "en caso de invasión o rebelión, cuando la seguridad pública lo requiera" puede suspender el hábeas corpus hasta un máximo de 60 días y también puede declarar la ley marcial, aunque Duterte afirma que no lo hará. "Soy el presidente. Por supuesto que tengo los poderes", sostuvo el viernes. "Puedo ir a la cárcel. Archivad todos los cargos en los que podáis pensar, pero este país, durante mi mandato, no se va a deteriorar más", añadió.
El secretario de comunicación presidencial, Margin Andanar, ha declarado que una de las razones por las que Duterte podría suspender el hábeas corpus es para poder perseguir a las personas dentro del Gobierno que estén vinculadas al tráfico de drogas. "La lista de personas de interés dentro del Gobierno es simplemente demasiado", anunció Andanar.
El antiguo alcalde de Manila Joseph Estrada ha defendido firmemente la campaña contra las drogas de Duterte y ha reprendido a todos aquellos que la han criticado, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Barack Obama; el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, y la UE.
