MANILA, 11 Oct. (Reuters/EP) -
El presidente filipino, Rodrigo Duterte, ha ordenado a la Policía Nacional de Filipinas, que detenga todas las operaciones relacionadas con su guerra contra la droga y que deje las operaciones contra el narcotráfico a la Agencia Antidroga ante el aumento de críticas a nivel internacional por la cantidad de muertes que ha dejado tras de sí la campaña policial.
La oficina de Duterte ha publicado este miércoles un memorándum en el que ordena a la Policía, al Ejército y a otros cuerpos de seguridad que detengan las operaciones contra la droga y las dejen en manos de la Agencia Antidroga de Filipinas (PDEA, por sus siglas en inglés).
La orden del presidente podría disminuir la intensidad de la campaña contra las drogas, ya que la PDEA cuenta con muchos menos hombres que la Policía, que está conformada por unos 190.000 agentes.
Duterte ya suspendió las operaciones antidroga a finales del pasado mes de enero, con el objetivo de "limpiar al cuerpo policial" por estar "corrupto hasta el corazón". No obstante, el mandatario retiró la prohibición cinco semanas después, alegando que las drogas estaban volviendo a "inundar las calles".
Este miércoles, un grupo de magistrados filipinos ha presentado una petición ante el Tribunal Supremo de Filipinas para que ponga fin a la campaña contra las drogas, ya que alegan que las operaciones policiales, que han dejado más de 3.000 muertos, son "ilegales".
La directiva del Gobierno filipino para la guerra contra las drogas, iniciada hace más de 15 meses, permite que la Policía "neutralice" a sus objetivos, lo que les concede licencia para matar a supuestos narcotraficantes con total impunidad y sin tener que reunir pruebas que demuestren su culpabilidad, según han denunciado los magistrados.
A pesar de que la mayoría de los filipinos apoyan las medidas de Duterte, las últimas encuestas de opinión muestran que el presidente ha sufrido una importante caída en popularidad debido a la cantidad de muertes que ha dejado tras de sí su campaña contra la droga.
De acuerdo con los datos de la PNP, unas 3.900 personas han muerto en operaciones policiales por resistirse de manera violenta a los arrestos. La oposición de Duterte, por el contrario, asegura que el número de muertes es mucho mayor y que se están cometiendo ejecuciones extrajudiciales.
